Hace ya un par de años vio la luz el libro “Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de avance” cuyo principal objetivo era tomar el pulso del SNS y proponer medidas de reforma que garanticen su solvencia. En la elaboración de dicho documento participaron más de 50 integrantes de AES, manteniendo los postulados de la Asociación: (a) contribuir a la mejora de la salud y de los servicios de atención sanitaria para el conjunto de la población, a través de las aportaciones del conocimiento científico; (b) impulsar el debate en torno a alternativas que persigan la eficiencia y equidad en los sistemas de salud, para que repercutan en el bienestar general de la sociedad y favorezcan la sostenibilidad del sistema; (c) promover el Buen Gobierno de los sistemas de salud, potenciando el desarrollo efectivo de las políticas de salud y la rendición de cuentas a la sociedad y (d) contribuir a generar una cultura de evaluación en el conjunto de los sistemas de salud, abarcando desde el nivel de las políticas a la gestión clínica, entre otros.
Actualmente, siguen vigentes todos estos temas y tras las elecciones pasadas y la necesidad de acuerdos para la nueva legislatura, desde AES nos gustaría que se valore y se tengan presentes las propuestas que dentro del texto se efectúan para la toma de decisiones.
La sanidad es el servicio público más utilizado y valorado por los ciudadanos y el que consideran que más justifica los impuestos que pagan. Al mismo tiempo, los ciudadanos manifiestan que es aquel del cual se hace peor uso y el que tiene mayor margen de mejora. La negativa a acometer reformas compromete seriamente su capacidad para responder a cambios demográficos, tecnológicos y sociales, en suma, compromete su solvencia en los años próximos.
Existen grandes bolsas de ineficiencia en el SNS, derivadas de una incorrecta gestión, algunos comportamientos corporativistas o sobrevaloraciones de intereses profesionales que se anteponen a los de los pacientes. No obstante, querer reducirlas sin recurrir a la óptica clínica y obviando la importancia del profesionalismo en el sector sanitario corresponde a una visión atolondrada, cuando no malintencionada. Las reformas encaminadas a asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud deberían tener como objetivo principal la mejora de la eficiencia del sistema y no tanto la minoración a toda costa del volumen de gasto sanitario.
Es triste comprobar que, tras más de dos décadas de experimentos con distintas fórmulas de gestión directa e indirecta, en España no se han llevado a cabo evaluaciones rigurosas, objetivas e independientes de la eficiencia de las distintas fórmulas de gestión. No se puede concluir que la gestión privada sea superior a la pública (ni al contrario) (informe SESPAS 2014).
Es clave que el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, introduce cambios de gran calado que afectan a la naturaleza misma del sistema sanitario público español. Esta norma no debería de haberse promulgado sin haber tenido lugar previamente un debate civil y parlamentario profundo y sosegado, que hiciera aflorar tanto las ventajas como los riesgos de instalar el derecho a la asistencia sanitaria en la noción de “asegurado” y “beneficiario” frente a su regulación como un derecho de ciudadanía.
Las consecuencias últimas derivadas de la denegación de la asistencia sanitaria pública gratuita a los inmigrantes en situación irregular son difíciles de aventurar, si bien es previsible que se produzcan problemas epidemiológicos y asistenciales cuyo impacto económico podría sobrepasar el pretendido ahorro perseguido al restringir el acceso a la asistencia sanitaria.
En el ámbito de la cobertura de prestaciones, la práctica afianzada durante décadas ha consistido en la no aplicación de criterios explícitos de eficiencia y equidad, equiparables a los utilizados en otros países del entorno OCDE, para ordenar la cartera de servicios comunes del SNS. El RDL 16/2012 prevé con carácter preceptivo la evaluación de la relación coste-efectividad de las nuevas tecnologías sanitarias antes de su inclusión en la cartera. Dichas previsiones, sin embargo, no se han desarrollado desde la entrada en vigor del RDL, lo cual suscita lógicas dudas acerca de la voluntad con que quiere abordarse este tema clave para regular la oferta de prestaciones sanitarias.
Como se lleva años constatando, resulta imperativo evaluar las políticas públicas, no podemos poner más excusas. “La España de charanga y pandereta” de Antonio Machado no puede servir de justificación de la no puesta en marcha de los sistemas de evaluación. Además, por muy buena que sea la intención de los responsables del diseño y la puesta en marcha del programa, hay un largo trecho desde la teoría o el diseño en papel hasta la puesta en práctica. Es hora de seguir a países de nuestro entorno donde las decisiones se toman sobre la base de pruebas por evaluaciones de políticas, realizadas desde la imparcialidad y con criterios de excelencia científica.
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Hay que promover políticas que trasciendan las estrictamente sanitarias y desarrollar la iniciativa de salud en todas las políticas, avanzando en la actuación sobre los determinantes de la salud presentes en ámbitos no sanitarios (educación, vivienda, fiscalidad, mercado laboral, medioambiente, políticas de movilidad y de inmigración, entre otras).
En un contexto de salida de crisis económica resulta imprescindible valorar la relación entre pobreza en la infancia, educación y salud. Las personas nacidas en familias con pocos recursos tienen menos ingresos y oportunidades laborales y peor salud, en la infancia y en la edad adulta (informe SESPAS 2014). La crisis económica de estos últimos años ha incrementado la pobreza en España y preocupa el deterioro irreparable que puede causar en la salud de los niños. Es clave la importancia de las condiciones en la infancia (debemos preocuparnos por los niños de la crisis), fomentar los hábitos saludables y la evaluación de políticas.
Comportamientos perjudiciales para la salud como el consumo de tabaco, alcohol o drogas, los malos hábitos alimenticios o falta de actividad física son unos de los problemas de salud más importantes a escala mundial. Esto requiere políticas que promuevan los hábitos saludables, empezando por intervenciones en las escuelas, el diseño de políticas fiscales adecuadas y programas focalizados en grupos especialmente vulnerables.
Los ciudadanos son los verdaderos propietarios del sistema sanitario. Éste es especialmente complejo, de lo que surge la necesidad de justificar adecuadamente las decisiones tomadas y las políticas implementadas. Para poder involucrar al resto de profesionales y agentes sociales debe existir un compromiso que se traduzca en la declaración de reglas claras por parte de los decisores de más alto nivel (representantes de la ciudadanía) y en un alto grado de exigencia ética (buen gobierno).
En último término, consideramos que la solvencia de nuestro sistema sanitario pasa por apoyarnos en sus fortalezas, pero también por eliminar bolsas de ineficiencia; aprender de experiencias ajenas, pero aplicarlas con inteligencia y realismo en nuestro medio; apelar al liderazgo y compromiso de los profesionales sanitarios y favorecer la participación ciudadana; tomar decisiones informadas y cultivar la evaluación de nuestras políticas. Pongámonos en marcha: evaluación económica de políticas públicas YA.
Junta Directiva Asociación de Economía de la Salud (2016)