Evaluación del impacto de medidas preventivas en Salud Pública: El ejemplo del confinamiento en la pandemia de SARS-Cov-2 en España

Gestionar una pandemia como la de Covid-19 es muy complejo y requiere una rápida toma de decisiones, a menudo disponiendo de la información relevante sólo de forma parcial o incompleta. En concreto, si bien sabemos desde el inicio de la pandemia que la mayoría de los casos no eran detectados, estimar como evoluciona esa parte sumergida del iceberg constituye un reto de primera importancia a la hora de optimizar la toma de decisiones en el ámbito de la Salud Pública en un contexto de altísima complejidad.

El artículo de Hyafil y Moriña (2020)1 considera los datos diarios de hospitalización reportados por el Instituto de Salud Carlos III como los más relevantes para esa tarea en comparación con otros datos como los casos detectados y las muertes, estimando que la proporción de casos que necesitan hospitalización se mantiene estable, cuando la tasa de detección y la letalidad pueden variar p.e. en función de la política de detección y de la saturación de los centros sanitarios.

No obstante, como el tiempo entre el contagio y la hospitalización puede variar mucho de un paciente a otro, las hospitalizaciones ofrecen una fotografía retrasada y borrosa de la realidad epidemiológica. En estos casos, la modelización matemática nos permite  reconstruir de manera robusta una imagen más fidedigna de la magnitud del problema en cada momento.

En el artículo, la dinámica de la infección se modela mediante un modelo epidemiológico SIR (Susceptibles-Infectados-Recuperados) con un número básico de reproducción R0 que varía en el tiempo, para cada Comunidad Autónoma (CCAA) y día. Comparar R0 en tres períodos de tiempo distintos (hasta el 15 de Marzo; el estado de emergencia a partir del 16 de Marzo; confinamiento obligatorio, del 31 de Marzo al 12 de Abril) permite evaluar algunos aspectos del impacto de estas medidas preventivas ya que el número reproductivo básico estima la velocidad con la que una enfermedad se está propagando en una población.

Los resultados de este estudio muestran una disminución muy pronunciada del número de casos y del número reproductivo básico en todas las CCAA y globalmente tras la implementación del confinamiento obligatorio (ver Figura 1). Se estimó un R0 de 5,89 (intervalo de confianza del 95% (IC95%: 5,46-7,09) antes de tomar cualquier medida preventiva, de 1,86 (IC95%: 1,10-2,63) después de la declaración del estado de emergencia, y de 0,48 (IC95%: 0,15-1,17) después de la implementación del confinamiento obligatorio. El número acumulado de casos de Covid-19 en España hasta el 15 de Abril de 2020 se estimó en 0,871 millones, de los cuales 0,294 serían activos en esa fecha, 0,559 serían recuperados y 0,018 millones habrían muerto a causa de la enfermedad.

Figura 1. Número estimado de casos de Covid-19 en España, en base al número de hospitalizaciones hasta el 15 de Abril de 2020. La línea azul representa la media de la posterior del número de casos estimados. El número acumulado de casos, hospitalizaciones y muertes está representado por las líneas verde, roja y negra respectivamente. Las líneas grises representan el número estimado de casos en cada CCAA. Las líneas verticales indican el inicio del estado de emergencia y del confinamiento obligatorio.

Este trabajo pone de manifiesto la importancia clave de disponer de datos fiables y armonizados rápidamente a la hora de evaluar intervenciones en Salud Pública, especialmente en un contexto de alta complejidad como es la gestión de una pandemia.

Autores:

Alexandre Hyafil y David Moriña

Alexandre y David son investigadores del Centre de Recerca Matemàtica (CRM) y de la Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath). David Moriña es profesor colaborador del Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), y profesor visitante del Department of Econometrics, Statistics and Applied Economics de la Universitat de Barcelona (UB). Ambos son coautores del artículo referenciado.

 

Referencias

[1] Hyafil A, Moriña D. Analysis of the impact of lockdown on the reproduction number of the SARS-Cov-2 in Spain [published online ahead of print, 2020 May 23]. Gac Sanit. 2020. doi:10.1016/j.gaceta.2020.05.003

Necesitamos abordar los conflictos de interés y la influencia corporativa en el ámbito de la nutrición y salud pública

Guadalupe Guzmán-Caro, Fernando J. García López y Miguel Ángel Royo-Bordonada concluían recientemente en Gaceta Sanitaria (1) que, en el periodo  2017- 2018, el 64% de las sociedades científicas y fundaciones relacionadas con la nutrición y la prevención de la obesidad infantil en España recibieron algún patrocinio de compañías que comercializan alimentos y bebidas no saludables.

Estas sociedades y fundaciones juegan un papel muy relevante al juzgar qué hábitos alimentarios son saludables, y resultan claves en la difusión del conocimiento científico entre profesionales sanitarios. Al final, esto se refleja en el establecimiento de medidas de salud pública y recomendaciones de alimentación para la población general. Sus fuentes de financiación pueden poner en riesgo los intereses de la nutrición en salud pública, al entrar en conflicto con los de la industria, en este caso alimentaria. Cualquier intento de colaboración tendría que generar beneficio económico para la industria, que debe cumplir el mandato legal de maximizar sus ganancias.

A la vista de estos resultados, que muestran el frecuente patrocinio de compañías que comercializan alimentos y bebidas no saludables a sociedades científicas y fundaciones relacionadas con la nutrición y la prevención de la obesidad infantil en España, no puede descartarse que sus actividades representen o hayan sido influidas por los intereses comerciales de la industria alimentaria (1). De hecho, los autores apuntan que las iniciativas de las asociaciones patrocinadas se dirigían exclusivamente a cambiar los hábitos individuales, mientras que las sociedades no patrocinadas por las corporaciones industriales promovieron cambios en el sistema y en el entorno alimentario. Este hallazgo es un ejemplo más de cómo las colaboraciones entre profesionales científicos y ciertos sectores de la industria alimentaria a menudo resultan en la distorsión del enfoque de los problemas de salud pública y sus posibles soluciones, protegiendo así los intereses económicos de la industria y no los de la salud pública (2,3,4).

Debido en gran parte a los intereses de ciertos sectores privados y a su oposición frente al desarrollo de políticas eficaces, hoy en día siguen sin llevarse a cabo iniciativas clave recomendadas para promover la alimentación saludable (5, 6). Por consiguiente, se necesita establecer estrategias para contrarrestar esta influencia. Aunque la total transparencia y declaración de conflictos de interés es importante, no elimina el problema (7). El aumento de financiación pública o el desarrollo de un fondo de actividad científica único gestionado por un organismo independiente y con demostrada solvencia científica serían estrategias más efectivas, pero también hay otras medidas que podrían adoptarse. Para empezar, se deberían desarrollar guías estrictas, que regulen la colaboración de cualquier comunidad científica con entidades comerciales y eviten influencias indebidas, puesto que el estudio recientemente publicado (1) no encontró asociación entre la existencia de código ético y patrocinio.

Otras propuestas para atajar las indebidas influencias comerciales que van en detrimento de la salud pública han sido descritas en la literatura e incluyen: aumentar la sensibilización de los profesionales y la población con respecto al tema (en este contexto la comunidad científica debería de recordar que su objetivo último es buscar la verdad para mejorar la salud de la población (7)); supervisar las prácticas empresariales de las fuentes de financiación en el ámbito académico así como en las sociedades civiles y los medios de comunicación; y prohibir cualquier forma de colaboración con industrias cuyos intereses amenacen la independencia, integridad y credibilidad de la salud pública (8). Además, se han considerado opciones como reforzar la protección a los denunciantes de malas practicas o imponer impuestos a las empresas para que contribuyan a la financiación de salud pública mediante un organismo independiente (8). Muchas de estas propuestas provienen del Convenio Marco para el Control del Tabaco impulsado por la OMS, que es el único tratado mundial que aborda la interferencia de una industria en el diseño, adopción e implementación de políticas de salud pública. Dadas las similitudes entre la industria tabacalera y la industria de alimentos y bebidas no saludables a la hora de debilitar las intervenciones de salud pública (9), las herramientas presentadas para evitar la influencia indebida de la industria tabacalera se deberían emplear sobre otras industrias cuyos productos suponen un perjuicio para la salud.

Referencias:

  1. Guzmán-Caro G, García López FJ, Royo-Bordonada MA. Conflicts of interest among scientific foundations and societies in the field of childhood nutrition. Gac Sanit. 2020.
  2. Rey-López JP, Gonzalez CA. Research partnerships between Coca-Cola and health organizations in Spain. Eur J Public Health. 2019;29:810–5.
  3. Fabbri A, Chartres N, Bero L. Study sponsorship and the nutrition research agenda: analysis of cohort studies examining the association between nutrition and obesity. Public Health Nutr. 2017;20:3193–99.
  4. Chartres N, Fabbri A, Bero LA. Association of industry sponsorship with outcomes of nutrition studies: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2016;176:1769–77.
  5. Martin McKee, David Stuckler. Revisiting the Corporate and Commercial Determinants of Health. Am J Public Health. 2018;108:1167-70.
  6. Mialon M, Mialon J, Andrade GC, Moubarac JC. “We must have a sufficient level of profitability”: food industry submissions to the French parliamentary inquiry on industrial food. Crit Public Health. 2020;30:4:457-67.
  7. Bes-Rastrollo M, Martínez-González MA. Conflictos de interés: Poderoso caballero es Don Dinero. Semergen 2019;45:75-76.
  8. Mialon M, Vandevijvere S, Carriedo-Lutzenkirchen A, et al. Mechanisms for addressing and managing the influence of corporations on public health policy, research and practice: a scoping review. BMJ Open. 2020;10:e034082.
  9. Moodie R, Stuckler D, Monteiro C, et al. Profits and pandemics: prevention of harmful effects of tobacco, alcohol, and ultra‐processed food and drink industries. Lancet 2013;381:670–679.

 

Clara Gómez-Donoso, Graduada en Farmacia, Investigadora y Doctoranda Dpto. Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Navarra

Miguel A. Martínez-González, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Navarra, Adjunct Professor of Nutrition, Harvard TH Chan School of Public Health, Investigador Principal de grupo en CIBERobn, Investigador Principal en Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra

Maira Bes-Rastrollo, Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Navarra, Investigadora de grupo en CIBERobn, Investigadora Principal en Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra