La respuesta sanitaria en España a la migración irregular y el papel de las ONGs

Si bien la proporción de migración mundial apenas ha variado desde los años 60 del s.XX, las características de los movimientos migratorios sí lo han hecho: las personas abandonan un mayor número de países con mayor frecuencia, y se dirigen a un menor número de lugares, aquellos dónde el poder y la riqueza se han concentrado, como Europa(1).

Aún así, frente al discurso alarmista, la mayoría de la migración africana ocurre dentro de África; por cada migrante que se sabe que murió cruzando el Mediterráneo, hasta dos se pierden en el desierto, potencialmente más de 30.000 personas desde 2014(2). Asimismo, la mayor parte de la migración a Europa se lleva a cabo legalmente: se estima que el 90% de los migrantes que ingresan a Europa lo hacen con permiso(3). En el caso de España, los datos de personas que entraron de manera irregular en 2018 (hasta el 15 de julio) por las costas es de 16.872 (cuando el máximo registrado es de 39.180 en 2006), y por Ceuta y Melilla de 3.125  (máximo registrado de 11.624 en 2015), según datos de lnstituto Nacional de Estadística (INE)(4).

Por otra parte, nuestro país apenas ha acogido un 13 % de solicitantes de asilo (1.433, datos de abril de 2018) de los 9.323 que el anterior gobierno se había comprometido a acoger -aunque los cálculos indiquen que, de acuerdo al nivel de riqueza, a España le tocaría asumir a 16.000 refugiados(5), y en los últimos ocho años el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo se ha visto recortado un 84%(6).

Las muertes de personas migrantes en el mar Mediterráneo crean un grave problema de salud pública(7). En concreto, la cifra de fallecidos al intentar alcanzar costas europeas por el mar Mediterráneo superaba las 1.500 –entre las que se encontraban menores y mujeres embarazadas- en verano de 2018, y más de 15.000 desde 2014, según datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM)(8).

Durante el verano de 2018, fue negado el desembarco en costas italianas de barcos humanitarios con cientos de migrantes que fueron rescatados de las pateras en las que viajaban, como el Aquarius -operado por la Organización No Gubernamental (ONG) Médicos sin FronterasSOS Méditerranée -o el de Proactiva Open Arms –cuyos desembarcos en Valencia y Barcelona, respectivamente, fueron aceptados por el nuevo gobierno socialista español. La política de impedir que los buques de salvamento de las ONG atraquen en los puertos europeos: 1) criminaliza tanto a inmigrantes como a las ONG que les ayudan, 2) vulnera derechos humanos e internacionales, como el derecho a la salud o el derecho a solicitar asilo, y 3) contradice los marcos legales vigentes, que señalan que se les debe recibir en el puerto más cercano(9-11). También vulneran derechos las devoluciones en caliente que se producen en la costa sur española y las fronteras terrestres entre Europa y el Norte de África situadas en las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla(12), sin respetar el protocolo de atención ante la llegada de migrantes.  Éste establece que, cuando las personas migrantes pisan suelo Europeo, una vez que han sido exploradas para detectar amenazas de seguridad y enfermedades transmisibles, se deben atender sus necesidades sanitarias(13).

Los problemas de salud más frecuentes que presentan las personas que migran en condiciones irregulares son, en el caso de hacerlo por mar: quemaduras en la piel por el sol o aceite de motor en el bote, infecciones respiratorias y problemas estomacales debidas a la falta de higiene y/o hacinamiento; complicaciones derivadas del embarazo o agresión sexual; y, especialmente en quienes cruzan las vallas fronterizas, cortes y hematomas y lesiones en las piernas y los pies(1,14). Para todos, el trauma psicológico derivado del proceso migratorio, más teniendo en cuenta que la mayoría lo emprende escapando de la violencia (ej. torturas y esclavización en Libia), la muerte (ej. situaciones de guerra como Siria), o la miseria (en espera de ganarse la vida trabajando, la denominada migración económica), y/o porque fueron engañados por los traficantes.

En España, la respuesta a las necesidades de salud de las grandes afluencias de migrantes en España depende de una compleja colaboración multisectorial entre las autoridades gubernamentales y las ONG, cuyo papel resulta crucial. Cruz Roja –según un acuerdo con el Ministerio de Sanidad desde 2002- es la encargada de ofrecer la primera atención sanitaria de emergencia ante la llegada de estas personas a las costas o fronteras valladas en el Norte de África o incluso en los botes de Salvamento Marítimo (SASEMAR)(13).

Después, las personas migrantes deben ser registradas por la Policía Nacional y trasladadas a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla, o bien a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la península -que han ido reduciéndose de 11 a 7: Valencia, Barcelona, Algeciras, Tarifa, Sevilla, Málaga, y Canarias-(13). Estos centros dependen del Ministerio de Empleo y de Interior, respectivamente, quienes subvencionan a empresas privadas y ONGs para atender las necesidades sanitarias del colectivo residente manteniendo un consultorio médico de asistencia primaria, incluyendo personal de salud y mediadores culturales, la realización de programas de prevención y promoción de la salud, la atención a mujeres gestantes, el seguimiento pediátrico y vacunación de los residentes del centro, dispensa de medicamentos y asistencia psicológica, así como la canalización y derivación de las demandas al sistema público de salud, en caso de necesidad(15-16).

A pesar de las medidas existentes, las ONGs en España consideran que los CIEs y CETIs no satisfacen los requisitos, como un servicio sanitario permanente y asegurar unas condiciones de vida dignas en estos centros. Además, si no se admite su demanda de asilo o se hace efectiva la orden de expulsión, la persona inmigrante queda en la calle sin ningún tipo de recurso y  en situación ilegal.

Un avance positivo y reciente ha sido la aprobación por el Consejo de Ministros y Ministras del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) que deroga el Real Decreto 16/2012 en cuanto a la asistencia sanitaria de las personas inmigrantes indocumentadas en España. A partir de ahora, las personas inmigrantes volverán a tener derecho a sanidad en las mismas condiciones que los españoles sin necesidad de empadronarse, y abonarán sólo un 40% del precio de los medicamentos prescritos.

No conviene olvidar que muchas de las personas que intentan migrar a Europa pertenecen a antiguas colonias europeas, que fueron ocupadas y expoliadas para luego ser, prácticamente, abandonadas a su suerte. Europa se enfrenta ahora a un problema del que es, en base, responsable, por lo que también lo es de intentar gestionarlo de la manera más adecuada y menos dañina posible (primum non nocere), es decir, protegiendo la vida y la salud de las personas inmigrantes con políticas que garanticen la salvaguarda de sus derechos.foto

Erica Briones Vozmediano. Editora Asociada de Gaceta Sanitaria. Profesora de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida; miembro del Centro Colaborador de inclusión social y salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la Universidad de Alicante, y de Global Migration & Health Initiative (University of Toronto)

REFERENCIAS

1 Trilling D. The irrational fear of migrants carries a deadly price for Europe. The Guardian. 28 Junio 2018.

2 CBC.CA. Algeria abandons 13,000 migrants in the Sahara . 25 Junio 2018.

3 Trilling D.Five myths about the refugee crisis”. The Guardian. 5 Junio 2018.

4 Instituto Nacional de Estadística

5 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo. Gestión de la crisis de los refugiados: estado de ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea de Migración. Bruselas: Comisión Europea, 2015.

6 OXFAM INTERMON. España y el desplazamiento global. Informe Oxfam Intermon OXFAM INTERMON 2018.

7 Saracci R. The public health community must speak out on rising rates of migrants dying at sea. BMC opinion.

8 Organización Internacional para las Migraciones

9 Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud WHA61.17 sobre la salud de los migrantes Resolution WHA61.17. 61 Asamble de la OMS, Ginebraa, 19–24 Mayo 2008. Resolutions and decisions, annexes. Ginebra: World Health Organization; 2008:23 (document WHA61/2008/REC/1;

10 Revisión del Convenio de Ginebra de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Ginebra: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees; 2010.  29. Charter of fundamental rights of the European Union (2010/C 83/02). OJEU. 2010;83/02:389–403.

11 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre.

12 Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E). “Sufrimiento Inútil”. Informe CIE 2017. 2018

13 Organización Mundial de la Salud. Spain: assessing health system capacity to manage sudden large influxes of migrants. 2018

14 Bolívar J. Los determinantes de la salud de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y otros migrantes en Europa. Blog de editores de Gaceta Sanitaria, 11 Febrero 2017.

15 Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros (Deroga la Orden de 22 de febrero de 1999 sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros)

16 Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan subvenciones en las áreas de asilo y refugio, inmigrantes vulnerables y para la atención sociosanitaria en los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla.