<\/p>\n
\u00a0<\/strong>Lejos quedan los tiempos en los que las normas ten\u00edan una verdadera vocaci\u00f3n de permanencia y las reformas, durante la prolongada vigencia de un texto legal, pod\u00edan contarse con los dedos de una mano. En los tiempos que corren, la inmutabilidad del r\u00e9gimen jur\u00eddico y la seguridad jur\u00eddica que de ella deriva no son un valor en alza. Un ejemplo claro de esta hiperactividad legislativa es la legislaci\u00f3n en materia contractual que, desde el texto refundido del a\u00f1o 2000, ha visto pasar dos leyes (en 2007 y 2017) y un texto refundido, el del a\u00f1o 2011 que intent\u00f3 sistematizar, sin \u00e9xito, las innumerables modificaciones producidas desde la aprobaci\u00f3n de la primera Ley de Contratos del Sector P\u00fablico.<\/p>\n Uno de los aspectos m\u00e1s controvertidos de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico (en adelante LCSP) y que m\u00e1s alarma gener\u00f3 entre las unidades de contrataci\u00f3n de los Servicios de Salud, fue sin duda, la nueva regulaci\u00f3n de los contratos menores.<\/p>\n Junto con la rebaja de los l\u00edmites cuantitativos con respecto a la regulaci\u00f3n contenida en el Texto Refundido del a\u00f1o 2011 (recordemos, se pasaba de 50.000 euros a 40.000 en el caso de los contratos de obras y de 18.000 euros a 15.000 en el caso de suministros y servicios), el controvertido art\u00edculo 118.3 LCSP establec\u00eda la obligaci\u00f3n de incorporar al expediente una justificaci\u00f3n, sujeta a la comprobaci\u00f3n por parte del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, de que el contratista no hab\u00eda suscrito m\u00e1s contratos menores que individual o conjuntamente superaran las citadas cantidades.<\/p>\n Poco antes de la entrada en vigor del precepto, se sucedieron los informes de las Juntas Consultivas, tanto la central como auton\u00f3micas, en relaci\u00f3n con el alcance del nuevo precepto, ofreciendo interpretaciones divergentes, cuando no manifiestamente opuestas.<\/p>\n Sin apenas tiempo para asimilar el colapso inicial producido, el legislador crey\u00f3 oportuno aliviar la presi\u00f3n que iban a soportar los agentes p\u00fablicos del Sistema Espa\u00f1ol de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n regulados por la Ley 14\/2011, de 1 de junio, entre los que se encuentran poderes adjudicadores que tienen la condici\u00f3n de Administraci\u00f3n P\u00fablica, como las Universidades P\u00fablicas y los Organismos Aut\u00f3nomos dependientes de ellas. De forma que, a trav\u00e9s la Ley 6\/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2018 se oper\u00f3 la primera modificaci\u00f3n de la LCSP, apenas 4 meses despu\u00e9s de su entrada en vigor, por la v\u00eda de a\u00f1adir al texto original una disposici\u00f3n adicional, la quincuag\u00e9sima cuarta.<\/p>\n Sin entrar a valorar las eventuales objeciones que pudieran plantearse desde el punto de vista de la doctrina constitucional, por la inclusi\u00f3n de modificaciones normativas v\u00eda Ley de Presupuestos, lo cierto es que de un plumazo y apelando \u201ca la singular naturaleza de su actividad<\/em>\u201d, el valor estimado m\u00e1ximo que pod\u00eda alcanzar un contrato menor de suministro y servicios celebrado por estos agentes fue triplicado respecto a las previsiones aplicables al resto del sector p\u00fablico, siempre que el contrato menor no tuviera como objeto servicios generales y de infraestructura del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n. Debe rese\u00f1arse que el nuevo l\u00edmite excede incluso de los 35.000 euros fijado como techo para el procedimiento bautizado doctrinalmente como \u201csupersimplificado\u201d y regulado en el art\u00edculo 159.6 LCSP que, a buen seguro, ser\u00e1 arrinconado a favor del m\u00e1s flexible contrato menor.<\/p>\n Es m\u00e1s, apenas 7 meses despu\u00e9s de esa primera modificaci\u00f3n, se ha utilizado el reci\u00e9n publicado Real Decreto-Ley 3\/2019, de 8 de febrero, para incluir entre las medidas urgentes en el \u00e1mbito de la Ciencia, la Tecnolog\u00eda, la Innovaci\u00f3n y la Universidad una modificaci\u00f3n de la propia disposici\u00f3n introducida en la LCSP por la Ley de Presupuestos para el a\u00f1o 2018, con el fin de eximir a los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de justificar que el mismo contratista no ha suscrito otros contratos menores que, aislada o conjuntamente, superen el umbral de 50.000 euros. Se consumaba as\u00ed la segunda reforma de la LCSP.<\/p>\n Se da la paradoja de que el malogrado proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2019, en su disposici\u00f3n final trig\u00e9sima cuarta, preve\u00eda extender esa exenci\u00f3n al resto de entidades que integran el Sector P\u00fablico. Sin embargo, el rechazo en sede parlamentaria a la aprobaci\u00f3n del proyecto supondr\u00e1, salvo nueva enmienda de la LCSP, la duplicidad del r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable a los entes del Sistema Espa\u00f1ol de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n con respecto del resto de agentes Sector P\u00fablico, no s\u00f3lo desde el punto de vista del l\u00edmite cuantitativo sino en cuanto al contenido del expediente administrativo a tramitar.<\/p>\n Cabe cuestionarse en este momento, si la intenci\u00f3n del legislador es \u201caligerar\u201d<\/em> el expediente administrativo, por lo que la exenci\u00f3n tendr\u00eda car\u00e1cter meramente procedimental o bien, si lo que se pretende es eximir a este tipo de agentes del principal escollo que deb\u00edan superar para adjudicar sucesivos contratos menores a un mismo contratista, esto es, la obligaci\u00f3n de comprobar si el potencial adjudicatario de un nuevo contrato menor hab\u00eda sido contratista en otros contratos en los doce meses anteriores con el mismo objeto, por lo que la reforma ir\u00eda m\u00e1s all\u00e1 de lo meramente formal, entrando en el plano material de la regulaci\u00f3n de la figura del contrato menor.<\/p>\n No les quepa duda que, a partir de esta fecha, se suceder\u00e1n nuevos dict\u00e1menes, informes, recomendaciones, art\u00edculos doctrinales y un largo etc\u00e9tera de pareceres, a favor y en contra de cada una de las opciones planteadas y sobre la oportunidad o no de la reforma, propiciando no s\u00f3lo el sano debate que cualquier modificaci\u00f3n normativa debe generar, sino tambi\u00e9n alg\u00fan quebradero de cabeza en quienes d\u00eda a d\u00eda, se enfrentan a la trepidante actividad del legislador.<\/p>\n Gustavo Merino G\u00f3mez.<\/strong><\/p>\n Asesor Jur\u00eddico de la Consejer\u00eda de Sanidad del Gobierno de Cantabria e Investigador del Grupo de Investigaci\u00f3n en Derecho Sanitario y Bio\u00e9tica (GRIDES\/IDIVAL).<\/strong><\/p>\n Vocal de la Junta Directiva de la Asociaci\u00f3n de Juristas de la Salud.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00a0Lejos quedan los tiempos en los que las normas ten\u00edan una verdadera vocaci\u00f3n de permanencia y las reformas, durante la prolongada vigencia de un texto legal, pod\u00edan contarse con los dedos de una mano. 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