La salud de las mujeres inmigrantes en España ¿Una cuestión de integración?

La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (1). Esta misma institución insta a garantizar a todas las personas el derecho fundamental a alcanzar su máximo grado de salud (1). Ya en 1978, durante la Conferencia de Alma-Ata (2) se realizó un compromiso mundial para conseguir el acceso a la salud de toda la población mediante el lema “salud para todos en el año 2000”. Cuarenta años más tarde, esta sigue siendo una de las líneas estratégicas prioritarias, realizándose un nuevo compromiso por el acceso universal a la salud en la Conferencia de Astaná (3).

En España se garantizó este acceso universal a la salud ya recogido en la constitución española de 1978, a través de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre los derechos, libertades e integración social de los extranjeros en España y la Ley 33/2011 del 4 de octubre General de Salud Pública que proporciona asistencia sanitaria a toda la población residente o empadronada. Sin embargo, se observan inequidades en la salud de la población que reside en nuestro país y diferencias en el acceso a los recursos sanitarios entre la población española y la inmigrante.

Precisamente un artículo publicado recientemente en Gaceta Sanitaria, Integración social y cribado del cáncer ginecológico de las mujeres inmigrantes en España(4) encontró que las mujeres nacidas en España acuden más a los programas de cribado de cáncer ginecológico que las nacidas en el extranjero. La problemática hallada en el artículo de Barrera Castillo et al. (4) respecto al acceso a la realización de citologías en mujeres inmigrantes puede ser incluso de mayor magnitud a la que establece la investigación, debido a que los datos del estudio fueron obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Salud y hay una muy baja posibilidad de que mujeres inmigrantes en situación irregular contestasen a dicha encuesta.

Esta inequidad en el acceso y abordaje de la salud de las inmigrantes también ha sido descrita con respecto a las mujeres subsaharianas, las cuales refieren necesidades de planificación familiar insatisfecha y explican además que los profesionales sanitarios que las atienden no abordan con ellas el tema de la ablación/mutilación de sus genitales, lo que les conduce a problemas de salud sin tratar e impide la prevención de esta práctica tradicional en sus hijas (5). Otros estudios también refuerzan estas conclusiones estableciendo que dentro del grupo de mujeres inmigrantes en España, las subsaharianas presentan menos conocimientos respecto a los métodos anticonceptivos (6), y dentro del grupo de mujeres subsaharianas, las mutiladas genitalmente poseen además menor capacidad para negociar un sexo más seguro (7), constituyendo un grupo especialmente vulnerable a problemas en su salud sexual y reproductiva.

Si bien, la migración se ha asociado a una reflexión de las prácticas tradicionales y cambio cultural (8). Este impacto de la integración de las personas inmigrantes también ha sido descrito por el estudio de Barrera Castillo et al. (4) que refleja que aquellas inmigrantes que llevan más años en España (especialmente aquellas con más de 10 años) y percibían un buen apoyo social en dicho país tienen un mayor acceso a los programas de cribado ginecológico.

Se hace por tanto necesario trabajar en la integración de personas inmigrantes, evitando las restricciones de acceso que pueden estar directa o indirectamente ocasionadas por: el impacto de la implementación del Real Decreto Ley 16/2012 que restringió el acceso a la sanidad a los que se incluían en el concepto de asegurados (9), El tabú que envuelve los temas relacionados con la sexualidad, La falta de formación de los profesionales sanitarios en los problemas de salud específicos con la población inmigrante y, entre otros, el estigma que padece la población inmigrante, especialmente aquella de bajos recursos económicos.

Hemos de tener en cuenta que la exclusión socioeconómica tiene un importante efecto en la salud (10), por lo que los profesionales sanitarios debemos realizar una captación activa de esta población, proporcionando cuidados de calidad con perspectiva transcultural(6), ya que tal y como refiere el artículo citado (4), promover políticas que ayuden a la integración del colectivo inmigrante en España puede tener un impacto beneficioso en su salud.

Bibliografia
1. OMS. Constitución [Internet]. [cited 2019 Sep 28]. Available from: https://www.who.int/es/about/who-we-are/constitution
2. OMS, UNICEF. Declaration of Alma-Ata. Kazajistán: Organzación Mundial de la Salud; 1978.
3. OMS & UNICEF. Declaración de Astaná.Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud. Desde Alma-Ata hacia la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Astaná (Kazajstán); 2018.
4. Barrera-Castillo M, Fernández-Peña R, del Valle-Gómez M del O, Fernández-Feito A, Lana A. Integración social y cribado del cáncer ginecológico de las mujeres inmigrantes en España . Gac Sanit. 2019;
5. Pastor-bravo M, Almansa-martínez P, Jiménez-ruiz I. Living with mutilation : A qualitative study on the consequences of female genital mutilation in women ’ s health and the healthcare system in Spain. Midwifery [Internet]. 2018;66(August):119–26. Available from: https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.08.004
6. Solana Morete Á, González López JR. Métodos anticonceptivos en las mujeres inmigrantes y el papel de la enfermera: una revisión bibliográfica. Enfermería Glob. 2015;14(37):455–66.
7. Chai, Xiangnan; Sano, Yujiro; Kansanga, Moses; Baada, Jemima; Antabe R. Married women’s negotiation for safer sexual intercourse in Kenya: Does experience of female genital mutilation matter? Sex Reprod Healthc. 2017;51:79–84.
8. Johnsdotter S. Cultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol [Internet]. 2016 Apr 1 [cited 2019 May 6];32:15–25. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693415001959
9. López-Fernández LA, Millán JIM, Ajuria AF, Cerdà JCM, Suess A, Danet AD, et al. ¿Está en peligro la cobertura universal en nuestro Sistema Nacional de Salud? Gac Sanit. 2012 Jul;26(4):298–300.
10. Stringhini S, Carmeli C, Jokela M, Avendaño M, Muennig P, Guida F, et al. Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women. Lancet (London, England) [Internet]. 2017 Mar 25 [cited 2019 Sep 27];389(10075):1229–37. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28159391

María del Mar Pastor Bravo
Enfermera y Doctora en Enfermería. Profesora en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Murcia. Realizó su tesis doctoral en la prevención de la ablación/mutilación genital femenina.
Grupos de investigación: IMIB-Arrixaca y Global Migration and Health Initiative (GloMHI).
Presidenta del Grupo Español de Jóvenes epidemiólogos/as (Grupo EJE).
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9831-470X
Email: marpastorbravo@um.es

Alimentación saludable y sostenible, en casa y en el colegio

Hemos leído con interés el artículo recientemente publicado sobre comedores y el video de difusión asociado, en el cual se ponen de manifiesto muchas de las cuestiones que estamos analizando desde el movimiento de AMPA. Las familias estamos viendo con preocupación cómo las administraciones competentes, salvo raras excepciones, son incapaces de garantizar la prestación de un servicio de comedor que prime la calidad frente a intereses económicos.

Queremos que los diferentes modelos de gestión de comedores escolares respondan a la preocupación de las familias por la salud de nuestra infancia, motivada, entre otras causas, por la epidemia de cáncer y su relación con la alimentación, como explica el científico Nicolás Olea en este vídeo: http://www.osman.es/factores-ambientales-y-cancer-nicolas-olea/

Además, nos resultan alarmantes los índices de obesidad infantil en España, con más de un 40% de menores con problemas de sobrepeso y obesidad (23,2 % sobrepeso y 18,1 % obesidad según datos del Estudio ALADINO, 2015).

Otro elemento importante que nos afecta en la gestión de los comedores escolares es la desigualdad en el acceso a alimentos sanos y sostenibles, como pone de manifiesto la OMS, y su efecto en la función social de los comedores en la alimentación de familias con escasos recursos. El alumnado más afectado por una alimentación deficiente, es aquél que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y pobreza. Además, tanto las familias como quienes gestionan comedores escolares, nos enfrentamos a problemas de asequibilidad, accesibilidad y disponibilidad de alimentos saludables.

Las familias no debemos olvidar la importancia que la alimentación tiene en la conservación y la mejora del medio ambiente. El consumo de productos frescos, de temporada y proximidad, la introducción paulatina de productos ecológicos en los menús, la disminución del número de envases plásticos y una adecuada gestión de sobras y residuos, contribuyen a la conservación de nuestro entorno. Coincidiendo con las autoras Panmela Soares y Mari Carmen Davó-Blanes, los comedores escolares constituyen una excelente plataforma para la promoción de dietas y hábitos de consumo sostenibles.

Pero como usuarias de comedores escolares no tenemos la posibilidad de decidir, salvo contadas excepciones, sobre la variedad, la calidad ni la forma de preparación de los alimentos que toman nuestras hijas y nuestros hijos en los comedores escolares.  Reclamamos nuestro papel de interlocutoras para conseguir normas que garanticen menús escolares que ofrezcan una dieta saludable y variada, elaborada con productos frescos, de cercanía y de temporada, que al mismo tiempo respeten unos estándares de sostenibilidad socio-ambiental, bajo supervisión de nutricionistas.

Sin embargo, el modelo mayoritario es la «línea fría», que supone la preparación de alimentos a gran escala en cocinas centralizadas, y su distribución a colegios de diferentes territorios, pudiendo transcurrir varios días con los alimentos almacenados y refrigerados en camiones o cámaras frigoríficas. Una vez en el comedor, los alimentos se calientan en hornos, y hemos visto que se suele hacer en las propias barquetas de plástico en las que han sido transportados. Destacamos las consecuencias negativas de esta forma de producción en la economía local, el empleo y el medioambiente, por la producción a gran escala de alimentos con uso de pesticidas, fertilizantes, etc.), el transporte (emisiones de CO2) y el almacenamiento (uso de plásticos, conservantes…).

El almacenamiento y posterior calentamiento de los alimentos en barquetas plásticas puede ser muy perjudicial a largo plazo para la salud por el uso en los envases de compuestos tóxicos persistentes que alteran la función hormonal del cuerpo humano (disruptores endocrinos como bisfenol A y ftalatos), como alerta la OMS.

Por tanto desde el movimiento de AMPA proponemos la vuelta a la cocina en la escuela o, en su entorno, con un impacto directo positivo en la economía de la localidad (empleo, comercio, etc.), con menús elaborados con la idiosincrasia cultural de cada comunidad, cocinados en el día, sin costes extraordinarios de logística ni de transporte y, por lo tanto, evidentemente más sostenibles.

Exigimos que, como marca la normativa estatal, el servicio de comedor recupere la función pedagógica y forme parte del Proyecto Educativo del Centro, y que la alimentación saludable y sostenible forme parte del contenido curricular. Reclamamos comedores que sirvan como plataforma de transmisión y aprendizaje de hábitos de alimentación relacionados  con  la  promoción de la cultura alimentaria autóctona de cada territorio, la producción  local  y  de  temporada  (Dieta  Mediterránea  o Atlántica). También es fundamental que sea un espacio de transmisión de hábitos que faciliten la convivencia (dialogar, compartir, colaborar…), la higiene personal y la ingesta adecuada de alimentos en un horario adecuado a cada edad y con tiempo suficiente para hacerlo sin prisas ni ruidos excesivos. Estas pautas únicamente se pueden transmitir en el ámbito del comedor escolar por medio de un personal con formación y preparación adecuada.

Desde la Comisión de comedores de la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado), que representa a más de 12.000 AMPA de la Escuela Pública, elaboramos y difundimos información para sensibilizar a las familias sobre la importancia de la alimentación saludable y sostenible.

También impulsamos el trabajo en red con organizaciones de todo el estado y de diferentes ámbitos que intervienen en la alimentación. Con la Alianza por una Alimentación Saludable, CEAPA lanzó la “Campaña por la regulación de la publicidad alimentaria dirigida a la infancia” (https://defiendeme.org), y con Justicia Alimentaria, la campaña “Alimentar es educar”. Las AMPA hemos sido además las impulsoras de la Plataforma Comedores responsables.

 

Olga Leralta Piñán, es experta en Promoción de salud en contextos sanitarios, educativos y sociales, miembro de la Comisión de comedores de la CEAPA y de su junta directiva.

¿Puede el sistema alimentario ser saludable, sustentable y equitativo?

Martha Alicia Cadavid Castro
Nutricionista- Dietista – M.Sc Alimentación y Nutrición Humana
Profesora Escuela de Nutrición y Dietética
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia

 

Un sistema alimentario es la suma de los diversos elementos, actividades y actores que, mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos ([1]). La mayoría de las personas deben tomar decisiones sobre cómo alimentarse al interior de sistemas convencionales, globales, industriales y degradadores del medio ambiente, que afectan su salud y nutrición.

Este tipo de sistemas alimentarios tienen una estrecha sincronía con las economías capitalistas y por tanto reflejan sus características negativas, las cuales Boaventura de Sousa Santos resume en las siguientes: producen sistemáticamente desigualdades de recursos y poder; las relaciones de competencia promueven formas de sociabilidad empobrecidas basadas en el beneficio personal y no en la solidaridad; la explotación creciente de los recursos naturales pone en peligro las condiciones físicas de vida en la tierra ([2]).

En consecuencia, el sistema alimentario reproduce estas características y es influenciado por capitales y poder con énfasis en la producción y distribución de alimentos.  El resultado es un modelo agroindustrial que excluye la economía campesina, promueve una agricultura intensiva e insostenible, limita la diversidad de alimentos disponibles para el consumidor – especialmente los frescos y producidos de forma local y favorece el ultra-procesamiento -, además, imposibilita establecer relaciones diferentes a las comerciales y la desconexión dificulta, entre otros, el reconocimiento del origen de los alimentos ([3]).

En los aspectos relativos a la sustentabilidad ambiental cada vez existe mayor consenso sobre el importante y significativo vínculo de las dietas humanas y la afectación a diferentes ecosistemas, ejemplo de ello es la reciente propuesta de la Comisión EAT Lancet denominada dieta planetaria, consistente en proveer dietas saludables provenientes de sistemas alimentarios sostenibles. La implementación de esta propuesta precisa importantes transformaciones que requieren del compromiso internacional y nacional para reorientar las prioridades de la agricultura[*], disminuir las pérdidas y los desperdicios de alimentos y lograr una gobernanza fuerte y coordinada de la tierra y los océanos ([4]).

Es evidente que resolver los graves problemas ambientales, sociales y de salud que genera las formas convencionales de operación del sistema alimentario, debe ser la prioridad de las políticas públicas, las cuales pueden hallar nuevos marcos de acción en iniciativas que han sido promovidas como alternativas y se comprometen al tiempo con las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la producción, distribución y consumo de alimentos ([5]); redistribuyen valor en la dirección opuesta al sistema de acumulación de productos (commodities), reinstalan la confianza entre el productor y el consumidor, y articulan nuevas formas de asociación política y gobernanza del mercado ([6]).

Como todas las propuestas alternativas buscan anteponerse al modelo económico y social hegemónico, por tanto, son emancipadoras, están basadas en la igualdad, la solidaridad y la protección del medio ambiente.  Sin embargo, por su carácter antisistémico, estas propuestas y experiencias son frágiles e incipientes (2), pero dado su potencial transformador, hoy se vislumbran como solución ante la problemática alimentaria y nutricional, pues son una vía para lograr la “desafección alimentaria que debe darse ante las crisis tanto en contextos de abundancia como de escasez” ([7]).

De hecho, estudios recientes evidencian cambios en las conductas de protección del medio ambiente y cuidado de la salud de las personas involucradas en actividades como la agricultura comunitaria ([8]), lo que permite vislumbrar que la implementación de nuevas formas de suministro alimentario puede contribuir a establecer relaciones respetuosas con los sistemas ambientales y sociales, así como mejorar el estado de salud y nutrición de las poblaciones.

Un importante reto es escalar las iniciativas alternativas y lograr que los principios que éstas promueven permeen todo el sistema alimentario, con el objetivo de brindarle a las poblaciones la oportunidad de interactuar con sistemas saludables, sustentables y equitativos.  En esta transformación es importante ([9]):

  1. Favorecer relaciones de proximidad, transparentes y veraces entre todos los actores del sistema.
  2. Gestionar democráticamente los eslabones del sistema alimentario.
  3. Proteger el medio ambiente.
  4. Respetar la diversidad biocultural.
  5. Promover y facilitar el consumo ético, solidario, sustentable y saludable.
  6. Dignificar las diferentes formas de trabajo presentes en el sistema.
  7. Promover el flujo local y equitativo de recursos.
  8. Coordinar horizontalmente la resolución de problemas de interés común entre actores públicos, privados y comunitarios.
  9. Garantizar acceso y apropiación de conocimiento y tecnología.

¿Cómo avanzar en la implementación de estas características? Es una pregunta que orienta la reflexión y trabajo de sectores sociales, políticos y académicos comprometidos en la búsqueda de vías de acción para garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional, pues es momento de confluir como sociedad en el establecimiento de nuevas formas de gobernar e interactuar con los sistemas alimentarios.

En el video que le invito a consultar a continuación podrá encontrar algunas ideas generadas por investigadoras, dirigentes, líderes sociales y académicos colombianos, que describen las potencialidades y retos que tienen los diferentes modelos en que se expresa el sistema alimentario, muy especialmente en el eslabón de la distribución -categorizado en el modelo moderno, tradicional y alternativo- para contribuir a la salud poblacional, la sustentabilidad y la equidad.

Cadavid Castro MA, Álvarez Castaño LS, Del Castillo Matamoros S, Monsalve Álvarez J, Vélez Acosta LM, Giraldo Ramírez DP.   Propuesta para un sistema alimentario sustentable, saludable y equitativo. Medellín: Universidad de Antioquia Televisión; 2018.  Disponible en: https://youtu.be/g8gcv9gAVfM

[*] Como ejemplo de iniciativa relacionada con alternativas para los sistemas de producción, cabe destacar el proyecto de investigación europeo Diverfarming,  que entre otros objetivos pretende desarrollar y probar diversos sistemas de cultivo más sostenibles

Bibliografía

[1] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO. Reflexiones sobre el sistema alimentario y perspectivas para alcanzar su sostenibilidad en América Latina y el Caribe. 2017. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i7053s.pdf

[2] Sousa Santos B De. Producir para vivir. Los caminos de la producción no capitalista. México: Fondo de Cultura Económica; 2002.

[3] Cadavid-Castro MA. Redes alternativas de distribución de alimentos. In: Mesa temática sistemas alimentarios sustentables y equitativos en América Latina: debates, tendencias e impacto de políticas XVIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. Guadalajara, México; 2018.

[4] Willett W, Rockström J, Loken B, Springmann M, Lang T, Vermeulen S, et al. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet. 2019. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4

[5] Jarosz L. The city in the country: Growing alternative food networks in Metropolitan areas. J Rural Stud. 2008;24(3):231–44. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2007.10.002

[6] Follett JR. Choosing a food future: Differentiating among alternative food options. J Agric Environ Ethics. 2009;22(1):31–51. https://doi.org/10.1007/s10806-008-9125-6

[7] Soler M, Calle A. Rearticulando desde la alimentación: canales cortos de comercialización en Andalucía. Cuad del IAPH Inst Andaluz Patrim Histótico. 2010;(27). http://institucional.us.es/compromiso/libreconf/docs/canales.pdf

[8] Nova P, Pinto E, Chaves B, Silva M. Urban organic community gardening to promote environmental sustainability practices and increase fruit, vegetables and organic food consumption. Gac Sanit. 2018; https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.09.001

[9] Cadavid-Castro MA, Álvarez-Castaño LS, Del Castillo-Matamoros SE, Monsalve-Álvarez JM, Vélez-Acosta LM, Ramírez-Giraldo DP. Características de Estructuras Alternativas de Distribución de Alimentos en Colombia y su Potencial para la Construcción de Políticas Públicas de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 2018

¿Por qué la gente elige la sanidad privada?

¿Por qué la gente elige la sanidad privada?

La población cubierta por un seguro de sanidad privado en España aumentó rápidamente del 7,6% en 2001, al 15,7% en 2015[1].  La gran mayoría de ellos han comprado el seguro médico en el mercado, disponiendo así de una “doble cobertura”. Pero, ¿por qué lo harían, pagando dos veces por la asistencia médica? ¿Los defensores de la sanidad pública en España deberían de preocuparse por esta creciente tendencia?

Por un lado, el hecho de que un sector de la población “vote con sus pies”, indica que están relativamente insatisfechos con la sanidad pública (Figura 1). ¿Cómo debemos interpretar este dato? Por un lado, la gente tiene el derecho de elegir el tipo de servicio que más se aproxime a sus preferencias, si están dispuestos a pagar más por él. Es posible que, una vez superada la larga crisis económica, una mayor proporción de la población disponga de la renta disponible para permitirse este gasto. Además, si menos gente utiliza el servicio público, es posible que se liberen recursos en el sector público para los demás.

Figura 1: La satisfacción media con el sistema sanitario público

Datos: Barómetro Sanitario del CIS. [Satisfacción varía en una escala de 1 (muy insatisfecho) a 10 (muy satisfecho)]

 

 

Sin embargo, este dato se podría interpretar de otra manera. Una creciente demanda de seguro  privado puede ser una señal de que el sector público no ofrece la calidad de servicio que la ciudadanía espera en el siglo XXI. La ciudadanía son los usuarios del sistema sanitario, pero también, son los que pagan impuestos para financiar el sistema público, y, en última instancia, votan por el programa político que más le guste o le favorezca. La población no usuaria del servicio público podría seguramente no tener incentivos a pagar impuestos altos para mantenerlo para los demás, y podrían no apoyar con su voto esta política de solidaridad y cohesión social.  En el estudio de Costa-Font y Jofre-Bonet (2008) [2] usando el Barómetro Sanitario Catalán, los autores encuentran que la compra de seguro privado incrementa la probabilidad de que la población considere que el sistema sanitario necesitaría reformas de calado. Otro estudio a nivel nacional también encuentra que la calidad percibida del sistema sanitario está inversamente asociada a la demanda del seguro médico privado [3].

En un trabajo reciente basado en el Barómetro Sanitario español analizamos en detalle las respuestas de los encuestados son preguntados a cerca de  los motivos por los que deciden elegir un servicio sanitario público o privado: la tecnología y los medios que dispone, la capacitación de los médicos, la capacitación de los enfermeros, la rapidez con la que son atendidos, la información que reciben sobre su problema de salud, el trato personal recibido y el confort de las instalaciones [4].

La mayoría (>50%) de las personas manifestaron que preferirían la provisión privada por la información, rapidez, trato personal y confort, pero elegirían la  provisión pública por la tecnología. Quizás lo más sorprendente es que la mayoría de personas que han comprado un seguro médico privado también compartían estas percepciones. Esto sugiere que las personas que contratan un seguro de salud privado no deciden abandonar  el sistema público del todo, sino más bien contratan un seguro privado para estar en un sistema dual o complementario, donde se utilizan instalaciones privadas para los servicios de atención primaria, asistencia especializada y procedimientos donde la información y el trato personal son valorados, pero utilizarían el sistema público para intervenciones importantes en las que la disponibilidad de toda la gama de tecnología y capacitación de personal sería decisiva[4].

Algunas personas argumentarían que atributos como el confort son lujos, y lo que realmente importa es que la sanidad sea garantista y universal, proporcionando un servicio igualitario. Sin embargo, los datos revelan que también el servicio público es deficiente en atributos tales como la información y el trato personal, y estos atributos son influyentes en la decisión de optar por un seguro privado. Los atributos de sanidad «orientados al cliente» no son lujos, sino que se consideran como derechos de los pacientes en el Servicio Nacional de Salud[5,6]. Por otra parte, desde la publicación del Informe de la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 los atributos no clínicos relacionados con la capacidad de respuesta del sistema sanitario (responsiveness) como la dignidad en el trato, la comunicación o la rapidez de respuesta, se están empezando a considerar como instrumentos válidos para medir el desempeño de los sistemas sanitarios. Es por ello que estos atributos deberían acaparar un mayor interés por parte de los formuladores de políticas sanitarias y merecen una mayor investigación.

Dolores Jiménez Rubio

Profesora de la Universidad de Granada, Departamento de Economía Aplicada

 

Conflicto de interés: La autora ha recibido financiación de MINECO por el proyecto “Evaluación de la capacidad de respuesta del sistema sanitario”

Referencias

  1. OECD. Health at a Glance 2017: OECD indicators. Health at a Glance. Paris: OECD Publishing; 2017.
  2. Costa‐Font, J., & Jofre‐Bonet, M. (2008). Is there a ‘secession of the wealthy’? Private health insurance uptake and National Health System support. Bulletin of economic research, 60(3), 265-287.
  3. Sigüenza, W., & Mariel, P. (2015). Determinantes del seguro médico privado y del uso de urgencias. Revista de Economía Aplicada, 23(68).
  4. Epstein D, Jimenez-Rubio D.¿Qué revela sobre el sistema público sanitario la contratación de un seguro de salud privado? What does the decision to opt for private health insurance reveal about user satifaction with public provision. Gac Sanit. 2018;Advance Online. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.03.009
  5. Salud. Carta de Derechos de la Ciudadanía [Internet]. Junta de Andalucía. 2012 [cited 2017 Mar 20]. Available from: http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_2_c_1_carta_de_derechos_y_deberes/Derechos
  6. Fiorentini, G., Robone, S., & Verzulli, R. (2018). How do hospital‐specialty characteristics influence health system responsiveness? An empirical evaluation of in‐patient care in the Italian region of Emilia‐Romagna. Health economics, 27(2), 266-281.

 

 

 

Una urgencia educativa y sanitaria: Incorporar el género a la enseñanza universitaria

Durante la década de 1990, el proyecto del Libro Blanco de Estudios de las Mujeres en España, financiado por el Instituto de la Mujer y en el que participaron investigadoras de todas las universidades españolas, se planteó por primera vez en este país cartografiar y valorar los efectos en la enseñanza superior de la producción científica en estudios de género, feministas y sobre las mujeres.[i] Los resultados dejaban clara la escasa proyección que tenía en la docencia universitaria un corpus de conocimiento que, a través de proyectos de investigación y publicaciones científicas, se estaba consolidando como una línea de trabajo dinámica, potente y transdisciplinar en el mundo académico español. La oferta docente en la enseñanza superior, limitada a varios programas de doctorado, algunas asignaturas optativas de los (por entonces) nuevos planes de estudio y muchas actividades extracurriculares, tenía muy poca presencia en el corazón de la enseñanza superior, las denominadas asignaturas troncales de los programas de licenciatura. Si este era el balance global, la situación en medicina y enfermería se establecía bastante por debajo de la media. En 1999, para trasladar a las aulas los resultados de la investigación sobre mujeres, feminismo y género, las autoras del Libro Blanco consideraban prioritaria, por una parte, la inclusión de asignaturas específicas de género en todas las carreras y, por otra, la modificación de contenidos de las asignaturas clásicas, incorporando de manera transversal enfoques no androcéntricos.[ii]

A 20 años vista, la situación no parece haber cambiado mucho y, como ha señalado recientemente Pilar Ballarín, los programas docentes siguen siendo “impermeables” al riquísimo conocimiento científico nacional e internacional en estudios de las mujeres, feministas y de género[iii]. En su investigación sobre la situación a partir de entrevistas con profesorado, la autora concluye que algunas razones de estas dificultades las podríamos encontrar en las resistencias al cambio y la rutinización del propio sistema universitario; el desconocimiento y desinterés del profesorado por la producción científica en la materia; el escaso poder que tienen las mujeres feministas dentro de la política universitaria y, por último, en la extendida idea de que la “sensibilización” y la “actitud” favorable a la igualdad son suficientes para transmitir en el aula valores y conocimiento, pues de ese modo se contribuiría, de forma “natural”, al objetivo transversalizador, haciendo innecesarias las asignaturas específicas.

En lo que va de siglo, en España se han dado importantes pasos para crear instituciones, recursos y marcos legislativos favorables a la incorporación del enfoque de género en la ciencia en general y, en las ciencias médicas y sanitarias en particular. Con anterioridad a que se promulgase la Ley de Igualdad de 2007, el Observatorio de Salud de las Mujeres (2005-2014) ya fue un hito, al que siguió la Unidad Mujeres y Ciencia un año después. Tras unos años desactivados, han vuelto a ser relanzados por el gobierno del presidente Pedro Sánchez. Contamos con un descomunal corpus teórico internacional, y también autóctono, con recursos y guías didácticas específicas para medicina, ciencias de la salud y otras carreras universitarias, [iv] docencia extracurricular, títulos propios y de posgrado e incluso un diploma de especialización en Género y Salud.[v] Y, sin embargo, todavía falla algo y los sesgos de género persisten en la atención sanitaria, según afirman las autoras y autor, con María Teresa Ruiz Cantero a la cabeza, del artículo titulado Agenda de género en la formación en ciencias de la salud.[vi] Ello apunta a un déficit educativo, tanto a nivel de grado como en la formación continua médico-sanitaria, y desvela que la adquisición de competencias en género y salud sigue siendo un asunto candente, si no urgente, en la educación universitaria médica y sanitaria. Sus firmantes, que recogen un sugerente inventario de estrategias foráneas, todas ellas ensayadas en nuestro contexto, lanzan desde su título el reto de elaborar una agenda para incorporar el género en los currículos sanitarios de una forma verdaderamente eficaz.

La lista de enfermedades frecuentes que requieren un enfoque no androcéntrico en su abordaje docente (Tabla 2 del artículo mencionado) resulta un ejemplo persuasivo de la necesidad de modificar ampliamente los contenidos curriculares. Es, en efecto, fundamental descentrar el sujeto de la medicina y considerar, de una vez, la salud de las mujeres fuera de los esquemas de la salud reproductiva.[vii] La medicina debería ser consecuente con su proyecto de indagación en la diferencia sexual que ha desarrollado durante más de tres siglos, y sacar conclusiones que vayan más allá de legitimar al patriarcado y acaben con la invisibilidad y desigualdad de las mujeres en la medicina, también la que se enseña en las aulas. [viii]

Es igualmente preciso proporcionar al alumnado herramientas teóricas básicas que se incorporen a su acervo intelectual, como lo hacen otras teorías y tecnicismos biomédicos. Herramientas que contribuyan a estimular su capacidad crítica y les capaciten para cuestionar conocimientos científicos androcéntricos sobre el cuerpo en salud y enfermedad, desde la anatomía hasta la medicina preventiva, desde la genética a la clínica médica y quirúrgica. Hay que introducir en los programas de forma generalizada las desigualdades de género en salud; la violencia de género como asunto de salud; los sesgos de género en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico; las estadísticas e indicadores de género y salud; los efectos del medioambiente en la salud de mujeres y hombres; la diversidad sexual; las tradiciones médicas misóginas y las tradiciones igualitarias y feministas. Hay que transmitir las genealogías médicas femeninas y el reconocimiento de la autoridad de las mujeres en la práctica médica y sanitaria; las dificultades y formas de discriminación que afrontan las mujeres en el desarrollo de la carrera profesional; preparar a las estudiantes para el liderazgo; abordar la relación profesional-paciente (o persona usuaria) en clave de género y problematizar los cuidados informales de salud.

No en vano, los conocimientos y habilidades adquiridos por el alumnado tienen efectos  no solo a niveles profesionales sino también identitarios, sociales y genealógicos y están, en definitiva, en la base de la formación universitaria.[ix]

La creación de una agenda de trabajo para acabar con esa impermeabilidad de género de los estudios médicos y sanitarios que se prolonga más de 30 años es cada vez más urgente. A lo que se desprende de las “lecciones aprendidas” que señalan Ruiz Cantero y sus colegas, añadiría:

  • Realizar un estudio sobre el estado de la docencia de género en medicina y ciencias de la salud.
  • Promover, a nivel estatal, la inclusión de forma generalizada de, al menos, dos asignaturas (troncales mejor que optativas) de Género y Medicina (o Género y Ciencias de las Salud) en los niveles de básicas y clínicas, respectivamente.
  • Promover de forma activa la transversalidad, supervisando la inclusión de contenidos que contemplen enfoques de género en los programas de todas las asignaturas de grado.
  • Fomentar la formación del profesorado en género y salud[x], mediante la realización de cursos reglados con el objetivo de hacer que la docencia en género y salud no sea una cuestión de actitud sino de competencia, conocimiento y profesionalidad.

Teresa Ortiz Gómez es catedrática de historia de la ciencia en el Departamento de Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia y en el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada.

[i] Ballarín Domingo P, Gallego Méndez MT, Martínez Benlloch I. Los estudios de las mujeres en las universidades españolas, 1975-1991. Madrid: Instituto de la Mujer-Ministerio de Asuntos Sociales; 1995; Ortiz Gómez T, Martínez López C, Segura Graíño C, Quiñones O, Duart P, Ventura A. Universidad y feminismo en España II. Situación de los estudios de las mujeres en las universidades españolas en los años 90. Granada: Editorial Universidad; 1999.

[ii]  Segura Graíño C. La docencia universitaria de estudios de las mujeres. In: Ortiz Gómez T, Martínez López C, Segura Graíño C, Quiñones O, Duart P, Ventura A. Universidad y feminismo en España II Situación de los estudios de las mujeres en las universidades españolas en los años 90. Granada: Editorial Universidad de Granada; 1999. p. 135-86 (181-185)

[iii] Ballarín Domingo P. Docencia universitaria y conocimiento en torno al género. Resistencias, creencias y prejuicios. Cuestiones de género: de la igualdad a la diferencia. 2013(8):89-106.

[iv] Universidad de Alicante. Recursos docentes con perspectiva de género en la docencia universitaria. https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/docencia-igualdad/biblioteca/biblioteca-de-recursos.html ; Ruiz Cantero MT. Guies per a una docència Universitaria amb perspectiva de gènere. Medicina. Castelló de la Plana: Xarxa Vives d’Universitats; 2018; Moreno Seco M. Guies per a una docència Universitaria amb perspectiva de gènere. Història. Castelló de la Plana: Xarxa Vives d’Universitats; 2018.

[v] Diploma de Especialización en Género y Salud, Servicios Sanitarios y Sociales (11ª edición) Título propio de la Universidad de Granada. Coordinado por la Escuela Andaluza de Salud Pública. https://www.easp.es/cursos/?idCurso=5804010018

[vi] Ruiz-Cantero MT, Tomás-Aznar C, Rodríguez-Jaume MJ, Pérez-Sedeño E, Gasch-Gallén Á. Agenda de género en la formación en ciencias de la salud: experiencias internacionales para reducir tiempos en España. Gaceta Sanitaria 2018. En prensa. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.03.010

[vii] Valls-Llobet C. Mujeres, salud y poder. Madrid: Cátedra/Feminismos; 2009.

[viii] Schiebinger L. ¿Tiene sexo la mente? Las mujeres en los orígenes de la ciencia moderna. Madrid: Cátedra; 2004; García Dauder S, Pérez Sedeño E. Las ‘mentiras’ científicas sobre las mujeres. Madrid: Catarata; 2017.

[ix] Ortiz Gómez T, Miqueo C, Cabré M. Enseñar historia de la medicina y género. Tres experiencias complementarias. In: XIX Jornadas de Salud Pública “Salud y Género: Hacia nuevos modelos de relación”. Granada 1 y 2 de junio de 2006 (comunicación no publicada).

[x] Colomer Revuelta C, Sánchez López MP. La aplicación del enfoque de género al estudio de la salud: El Programa de Formación de Formadores/as en Perspectiva de Género en Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2007.

 

 

Los determinantes comerciales y corporativos de la salud y los conflictos de interés en la investigación

El aumento de las enfermedades no transmisibles es una manifestación de un sistema económico global que actualmente prioriza la creación de riqueza sobre la preservación de salud. Muchos problemas y soluciones clave para este problema, se encuentran fuera del sector sanitario, especialmente en las prácticas corporativas, los acuerdos comerciales y la legislación.  Hay grandes retos con respecto a los incentivos desalineados, las externalidades no corregidas y la disonancia cognitiva generalizada (1).

La industria ha venido mostrando interés en financiar investigación en temas de salud, sin embargo, este interés no se limita solo al avance científico, sino también a razones comerciales, lo que a veces puede conllevar a conflictos de interés por su posible influencia en los temas a investigar, las políticas de salud pública o, incluso, los resultados y las conclusiones de estudios científicos, como ha quedado demostrado (2,3).

Un artículo publicado recientemente en Gaceta Sanitaria, titulado “La financiación de la industria alimentaria y la investigación epidemiológica sobre nutrición y salud”(4), discute sobre la conveniencia de establecer mecanismos para evitar que la financiación de la industria influya tanto en la distribución de fondos entre grupos e instituciones, como en el análisis y los resultados de las investigaciones, para garantizar la independencia de los investigadores, así como su ética profesional.

Tal como mencionan las personas autoras del trabajo, no se puede perder de vista el poder de la industria como motor de la economía mundial. En la literatura se han denunciado diversas tácticas de multinacionales de la alimentación para esquivar políticas de salud pública que podrían perjudicarlas económicamente, como establecer alianzas con legisladores y profesionales sanitarios para oponerse a regulaciones o impuestos, o incluso, adoptar mecanismos de puertas giratorias, por los cuales algunos directivos de empresas alimentarias acaban ocupando altos cargos en agencias reguladoras, o viceversa. La mera autorregulación no parece haber sido efectiva en diversos ámbitos de la alimentación (4,5).

En un reciente artículo, Stuckler y Mckee (6) identifican cuatro de las formas en que las corporaciones influyen en la salud: definiendo la narrativa dominante; estableciendo las reglas por las cuales opera la sociedad, especialmente el comercio; controlando la mercantilización y socavando los derechos políticos, sociales y económicos.

Todo esto pone de manifiesto, que las paradojas del siglo XXI exigen una colaboración interdisciplinaria profunda y el concepto de determinantes comerciales y corporativos de la salud proporciona este espacio para unir a la salud pública y las decisiones políticas, y movilizar al sector privado para promover la salud en un mundo cada vez más globalizado y orientado al consumidor.

Autora: Clara Bermúdez-Tamayo es Directora Asociada Gaceta Sanitaria, Investigadora en la Escuela Andaluza de Salud Pública y CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Investigadora asociada de la Quebec Population Health Research Network/Canada. 

Referencias

  1. Kickbusch I, Allen L, Franz C. The commercial determinants of health. Lancet Glob Health. 2016;4(12):e895–e896.
  2. Stuckler D, Ruskin G, McKee M. Complexity and conflicts of interest statements: a case-study of emails exchanged between Coca-Cola and the principal investigators of the International Study of Childhood Obesity, Lifestyle and the Environment (ISCOLE). J Public Health Policy. 2018;39(1): 49–56.
  3. León Mengíbar J, Pastor-Valero M, Hernández Aguado I. Una evaluación crítica de la relación entre la industria alimentaria y la investigación en salud. Gac Sanit. 2017 Jul – Aug;31(4):320-323.
  4. Navarrete-Muñoz EM, Tardón A, Romaguera D, Martínez-González MÁ, Vioque J. La financiación de la industria alimentaria y la investigación epidemiológica sobre nutrición y salud. Gac Sanit. 2018 Mar – Apr;32(2):168-171.
  5. Sharma LL, Teret SP, Brownell KD. The food industry and self-regulation: standards to promote success and to avoid public health failures. Am J Public Health. 2010;100(2):240-6.
  6. McKee M, Stuckler D. Revisiting the Corporate and Commercial Determinants of Health. Am J Public Health. 2018 Sep;108(9):1167-1170.