Tolerancia a la violencia y sexismo: ¿Jarro de agua helada u objetivos ambiciosos?

Un artículo publicado recientemente en Gaceta Sanitaria [1] aborda una de las cuestiones esenciales para atajar el gravísimo problema de salud pública que es la violencia de género, concretamente, las percepciones de los y las futuras profesionales de la salud.

Existe una amplia evidencia de la importancia del papel que las profesionales de la salud pueden jugar en la respuesta a la violencia de género, desde la promoción de relaciones sanas y equitativas hasta la identificación temprana de la exposición a este tipo de violencia y desarrollo de respuestas centradas en las necesidades y preferencias individuales de las mujeres [2]. Sin embargo, las actitudes y percepciones personales respecto a la violencia de género y sus causas influyen de manera importante en el tipo de respuesta desarrollada por cada profesional [3].

El novedoso estudio de García-Díaz et al. del que hablamos indaga precisamente en la aceptación de conductas y actitudes favorecedores o manifestaciones explícitas de este tipo de violencia por parte de estudiantes de ciencias de la salud. Los hallazgos del estudio son, además de muy relevantes, alarmantes, ya que muestran que más de la mitad de estos estudiantes, llegando en algunas carreras a más de un 75%, consideran aceptable o tolerable esta violencia. De manera similar, más del 60%, y en el caso de estudiantes de psicología un 80% mostraron actitudes sexistas.  Sin embargo, tal y como apuntan las personas autoras del estudio es esencial tener en cuenta el enfoque “tolerancia cero” desde el que se han interpretado los hallazgos.

Si bien es cierto que la “tolerancia cero” es el objetivo que debería marcar el camino a seguir, también lo es que, a la hora de interpretar los resultados de nuestros estudios, no podemos ignorar el contexto social. En este sentido, las altas tasas de violencia, en especial psicológica en población joven, encontradas tanto en España como Europa [4,5] hacen pensar que, tal vez, este enfoque sea por el momento demasiado riguroso o ambicioso. En este sentido, habría resultado de ayuda mostrar en detalle qué ítems de los cuestionarios fueron los más aceptados así como el grado de aceptación, ya que, siendo todas indudablemente negativas, no resulta igual de preocupante la aceptación de conductas que podrían catalogarse como micromachismos, que aquellas que implican violencia física o sexual explícita. Contar con esa información resultaría no solo útil para entender mejor los hallazgos sino también para evaluar y mejorar la formación en violencia de género que estos estudiantes reciben. Si todas las formas de violencia se mantienen igual de aceptadas está claro que la formación recibida hasta el momento no está cumpliendo en absoluto su función, pero si hubiera diferencias entre la aceptación de manifestaciones más explicitas de violencia y aquellas más sutiles, entonces el reto sería refinar la formación más en ese sentido.

Tal vez la realización de estudios cualitativos en los que los y las jóvenes pueden explicar sus respuestas arrojen más luz o matices sobre qué es lo que les parece aceptable o no y por qué.  Así mismo, resultaría muy interesante que próximas investigaciones analizaran si efectivamente los y las estudiantes de estas carreras de la salud están recibiendo formación en género y violencia de género y si es así, qué contenidos, horas y metodología se están empleando, ya que existe una amplia variabilidad tanto entre universidades y programas como entre lo que a veces se refleja en los planes de estudio y posteriormente se lleva a las aulas [6].

En cualquier caso, en este momento en el que las masivas movilizaciones del 8 de marzo de los dos últimos años pudieran hacernos creer que el camino hacia la erradicación de la violencia de género está asegurado y es cuesta abajo, este estudio supone una llamada de atención muy oportuna para no olvidar los retos pendientes y el peligro de retroceso en los avances logrados.

 

Amaia Maquibar (amaia.maquibar@ehu.eus)

Enfermera. Profesora en el Grado en Enfermería en la Universidad del Pais Vasco UPV/EHU. En Noviembre del 2018 defendió su Tesis Doctoral sobre las respuestas del sector salud a la violencia de género en España.

 

 

 

  1. García-Díaz V, Fernández-Feito A, Bringas-Molleda C, et al. Tolerance of intimate partner violence and sexist attitudes among health sciences students from three Spanish universities. Gac Sanit, 2019 [DOI: 10.1016/j.gaceta.2019.01.003]
  2. World Health Organization. Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. 2013
  3. Briones-Vozmediano E, Maquibar A, Vives-Cases C, et al. Health-Sector Responses to Intimate Partner Violence Fitting the Response Into the Biomedical Health System or Adapting the System to Meet the Response? J Interpers Violence. 2015;33:1653-78.
  4. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Macroencuesta De Violencia Contra La Mujer [Internet]. 2015.
  5. European Union Agency for Fundamental Rights. Violence against women : An EU-wide survey [Internet]. 2014.
  6. Maquibar A, Estalella I, Vives-Cases C, Hurtig A-K, Goicolea I. Analysing training in gender-based violence for undergraduate nursing students in Spain: A mixed-methods study. Nurse Educ Today.  2019 [DOI: 10.1016/j.nedt.2019.01.017]

El acceso a los servicios sanitarios de la población inmigrante en España: influencia de la legislación y otros condicionantes sociales

Según la perspectiva del acceso centrada en la persona, el acceso se puede definir como “la oportunidad de alcanzar y obtener un servicio sanitario apropiado en los casos en los que se percibe su necesidad” (1). Diversos estudios han explicado cómo el acceso no trata solamente de la entrada a los servicios sanitarios y han dado diversos marcos de interpretación del mismo. Uno de ellos, deduce que para llevar a cabo investigación en acceso de la población inmigrante a los servicios sanitarios en los países de acogida, hay que tener en cuenta necesariamente los siguientes aspectos: los derechos de la persona al acceso de los servicios, la accesibilidad a los centros sanitarios y la propiedad con la que esos servicios respetan y cuentan con las necesidades específicas de cada grupo social o cultural (2).

El acceso a los servicios sanitarios depende de muchos y diversos factores individuales y sistémicos y actúa como un importante determinante de la salud. Estos factores están generalmente relacionados con los derechos legales, el funcionamiento del sistema sanitario, la actitud de las personas profesionales y las características de las personas inmigrantes. Al igual que identifica el artículo La perspectiva de personas migrantes sobre el acceso a la atención sanitaria en el contexto de políticas de austeridad en Andalucía, el estudio del acceso tiene que suponer, además de un acercamiento cuantitativo, un escrutinio de las experiencias de las personas usuarias, como de las que proveen los servicios sanitarios.

Uno de los resultados más novedosos de este estudio cualitativo, es que debido al empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y administrativas de las personas inmigrantes tras la crisis económica de la primera década del siglo XXI, su acceso al sistema sanitario ha empeorado. Igualmente, señala que por el contenido normativo y por la falta de claridad sobre la aplicación del RDL 16/2012, aquellas barreras existentes anteriormente se han agravado en Andalucía, donde incluso se mantuvo y reconoció el derecho a la asistencia sanitaria de toda la población en el Sistema Sanitario Público Andaluz.

Muchos estudios han identificado la barrera legal como el mayor impedimento en el acceso al sistema sanitario público. En España, el cambio legislativo actuó como factor de confusión para profesionales y pacientes debido al aumento del desconocimiento sobre el derecho de las personas inmigrantes a percibir servicios sanitarios. Además, el miedo a que los servicios fueran facturados, provocó que algunas personas inmigrantes no intentasen acceder al sistema sanitario público aun estando en pleno derecho. Las personas indocumentadas, tal y como también se señala en el estudio mencionado, sufren en mayor medida las barreras tanto por su peor situación socioeconómica, como por su situación legal inestable, que afectan negativamente a sus posibilidades de acceso.

Además de los aspectos legales y los factores anteriormente mencionados, el racismo que sufren tanto en la sociedad como en el mismo sistema sanitario es un aspecto fundamental en el acceso de las personas inmigrantes a los servicios sanitarios. España no es en absoluto un país libre de racismo y las personas administrativas y profesionales sanitarias comparten, en al menos cierta medida, aquellos prejuicios e ideas estereotipadas presentes en la sociedad sobre la población inmigrante que hacen que, aun sin pretenderlo, atiendan de forma diferente a las personas no nativas. Por eso, sería necesario reforzar los valores anti-discriminatorios y la atención basada en el cumplimiento del derecho a la salud para conseguir un sistema sanitario más inclusivo y culturalmente apropiado para tod@s.

Iratxe Pérez Urdiales. Enfermera y licenciada en Antropología social y cultural. Master en Estudios de género y feministas. Actualmente es docente en el Departamento de enfermería y cursa el doctorado en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en el ámbito del acceso al sistema sanitario de la población inmigrante

(1) Levesque J-F, Harris MF, Russell G. Patient-centred access to health care: conceptualising access at the interface of health systems and populations. Int J Equity Health. 2013;12:18.

(2) Watters C. Towards a new paradigm in migrant health research: integrating entitlement, access and appropriateness. Int J Migr Heal Soc Care. 2011 15;7(3):148–59.

 

Explorando la formación y el ejercicio de la medicina general en tres países europeos.

Las diferentes condiciones para el ejercicio profesional, la falta de oportunidades en el país de origen y la diferencia en la cuantía de las retribuciones, vienen determinando un creciente trasiego de profesionales de la salud entre los diferentes países de Europa, que recuerda al existente en las terminales de aeropuerto en que viajeros de todo el mundo vienen y van.

La Directiva Europea 2005/36/EC reguló algunos requisitos que los profesionales de la medicina deberían tener en materia de formación, pero la ausencia de estandarización de los mismos ha generado una creciente preocupación en diferentes Estados europeos respecto a si los profesionales que se incorporan a sus servicios cumplen las condiciones mínimas para poder prestar un servicios con la calidad y seguridad suficiente para los pacientes. La alarma social generada por el caso de la Dra. Bawa –Garba en Reino Unido es prueba de ello (1).

El trabajo de Glonti et al en esta revista (2) explora aspectos relacionados con la formación de grado, postgrado en medicina general/ familiar, y el propio ejercicio profesional en Atención Primaria de tres países europeos: Alemania, Inglaterra y España. Obviamente no son representativos del conjunto de la Unión Europea, pero aporta una visión panorámica de las similitudes y diferencias existentes en los dos grandes modelos de sistemas sanitarios europeos (de seguro social en el caso germánico, o de sistema nacional de salud en los casos británico y español).

En los tres existen dilatados currículos para alcanzar el grado en medicina (a diferencia de modelos como el americano o canadiense donde no superan los 4 años (3)), y una formación específica no menor de 3 años para poder ejercer la medicina general: incluso en el sistema con menor duración de ésta (Inglaterra) se escuchan voces favorables a su ampliación a 5 años dada la complejidad del trabajo en Atención Primaria (AP). Es un aspecto destacable ante las voces que, aunque muy minoritarias vuelven a cuestionar la necesidad de formación especializada para ejercer en AP (4).

Por el contrario donde España sigue siendo muy diferente es en la ausencia de formación continuada de carácter obligatorio, y en la necesidad de recertificación periódica para poder continuar ejerciendo la práctica de la medicina general. La realidad española, que permite que un profesional de la medicina pueda jubilarse sin haber realizado ninguna actividad formativa ni proceso de verificación de sus conocimientos desde que terminó su grado, resulta inadmisible e inimaginable fuera de nuestras fronteras.

Por lo demás, en los tres países los médicos y médicas que trabajan en AP se enfrentan a similares retos: envejecimiento de la población, multimorbilidad, exigencias crecientes de la ciudadanía, incremento desproporcionado de la actividad burocrática y poco tiempo disponible por paciente, donde de nuevo España figura en el furgón de cola con apenas 5-7 minutos por paciente frente a 10 de Inglaterr,a o 9 de Alemania: incluso en este último país donde los médicos tienen un incentivo especial para ver pacientes ( pago por acto) el tiempo es mayor que en España.

El trabajo fue elaborado ante la votación sobre BREXIT. La decisión de abandonar la Unión Europea genera un escenario de enorme incertidumbre respecto a las garantías y limitaciones para el ejercicio de la medicina general en Reino Unido de profesionales de la Unión Europea, aspecto muy relevante dada la necesidad que tiene el National Health Service de disponer de un elevado número de médicos extranjeros (10% del total y 6,2% de los General Practitioners) para poder dar la cobertura sanitaria necesaria a sus ciudadanos.

Texto escrito a propósito del artículo de Gaceta Sanitaria: «Exploring the training and scope of practice of GPs in England, Germany and Spain» 

Autor: Sergio Minué. Profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública y coautor del artículo.

Referencias y links

(1). http://gerentedemediado.blogspot.com.es/2017/12/la-guerra-latente-caso-numero-1-la.html

(2). Glonti K, Struckmann V, Alconada A, Pettigrew L, Hernandez-Santiago V, Minué S et al. Exploring the training and scope of practice of GPs in England, Germany and Spain. Gac Sanit 2017 ( in press)

(3). Flegel KM, Hébert PC ,MacDonald N. Is it time for another medical curriculum revolution? CMAJ 2008; 178 (1): 11; DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.071726.

(4). https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/polemica-por-la-propuesta-sevillana-de-eximir-a-familia-del-examen-mir-8625