Algunas reflexiones sobre Conflictos de Interés en Alimentación y Nutrición Humana

Diego Gaitán-Charry1,2, Tania Cerón1, Alejandra Durán1, Sara Herrera1, Gustavo Cediel1,2

1Grupo de Estudio en Conflictos de Interés

2Unidad de Problemáticas de Interés en Nutrición Pública

Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad de Antioquia UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia

 

Las OMS y la OPS alientan a los países a prevenir y manejar los conflictos de interés (COI) que puedan subyacer en la formulación de políticas públicas nutricionales (1,2). Lo anterior, se deriva de la necesidad de discernir cuáles son organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas verdaderamente independientes y distinguir, claramente, entre organizaciones no gubernamentales de interés comercial y organizaciones no gubernamentales de interés público (2). Derivado de lo anterior, se hace necesario identificar cuáles son los intereses en juego en los temas alimentarios y nutricionales, y cómo los actores privados ejercen influencia para favorecer sus intereses; en el cual resultan involucrados académicos e investigadores.

No es un secreto que uno de los principales intereses en juego, en temas de alimentación y nutrición, es el interés comercial que, en el caso de la industria productora de productos comestibles ultra procesados, se ve reflejado en los estimados de ventas en América Latina que, entre los años 2009 y 2014, crecieron un 8,3% , con la previsión de un aumento adicional del 9.2% para el 2019 (3); las fórmulas infantiles, en particular, alcanzaron los 70,6 billones millones de dólares a nivel global para el 2019 (4). De otro lado, es necesario reconocer que existe incidencia de actores privados (distintas empresas, grupos empresariales o corporaciones transnacionales) en las políticas públicas de salud (5), y que esta, en el campo alimentario y nutricional, se ejerce fundamentalmente a través de una Actividad Política Corporativa (APC) y sus cinco estrategias reconocidas: gestión de coaliciones, gestión de la información, implicación directa e influencia en la política, acciones legales y tácticas discursivas (6).

De las estrategias anteriormente mencionadas, la de gestión de la información está especialmente relacionada con los actores de la academia y la investigación y, por lo tanto, con los COI. Como es deseable, el conocimiento científico legitima la toma de decisiones en políticas públicas, sin embargo, la gestión de la información implica la producción de conocimiento científico que contradice evidencias que pueden poner en riesgo el interés primario de los actores económicos (la producción de capital). Dicha producción ha sido problémica, dado que se han evidenciado influencias indebidas de la industria para direccionar las investigaciones que atenten contra su interés primario (rentabilidad) y sesgar las conclusiones (7,8). Aun cuando no se ejerzan presiones francamente indebidas desde lo jurídico, es necesario debatir si la producción de las investigaciones financiadas por la industria genera un direccionamiento de las preguntas de investigación, por ejemplo, si se favorecen investigaciones que hablan sobre el efecto beneficioso de un nutriente particular o un alimento sobre la salud, por sobre investigaciones que lleven a evidenciar la necesidad de un sistema alimentario que promueva efectos favorables para la salud humana al tiempo de ser justo, equitativo y sustentable.  Es aquí donde se evidencia la importancia de la financiación pública de las investigaciones y de las Instituciones de Educación Superior; en estas últimas se promueve la deliberación crítica de los principales problemas que debe enfrentar una sociedad evitando el riesgo de sesgos que en ocasiones pueden ser inconscientes por gratitud o reciprocidad para con los entes privados que puedan llegar a aportar económicamente a dichas instituciones (9).

Dado lo anterior, es legítimo pensar que los COI son solo la punta del iceberg y que es necesario dar real importancia a la complejidad de la APC y su influencia en la toma de decisiones en políticas públicas alimentarias y nutricionales. Por lo tanto, no hay excusa para que los actores gubernamentales implementen regulaciones que eviten la participación de fiduciarios (entre los cuales pueden existir académicos e investigadores) en la formulación y evaluación de políticas públicas; cómo es contemplado por posturas jurídicas de los COI (10).

Finalmente, más allá de la evaluación de COI desde actores reguladores, es deber ético de los académicos, en especial de quienes se espera que su interés primario sea la salud de los ciudadanos, el asumir el peso de su responsabilidad de cara a asuntos públicos globales y cuestionar si los intereses económicos de la industria están en conflicto con los derechos humanos entre estos los derechos a la salud y a la alimentación; además de la soberanía de los pueblos para la producción de sus propios alimentos.

 

Bibliografía.

  1. World Health Organization. Safeguarding against possible conflicts of interest in nutrition programmes: Approach for the prevention and management of conflicts of interest in the policy development and implementation of nutrition programmes at country level [Internet]. World Health Organization. World Health Organization; 2018 [citado 30 de junio de 2020]. Disponible en: http://www.who.int/nutrition/consultation-doi/comments/en/
  2. World Health Organization. Addressing and managing conflicts of interest in the planning and delivery of nutrition programmes at country level: report of a technical consultation convened in Geneva, Switzerland, on 8–9 October 2015 [Internet]. 2016. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/206554
  3. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Alimentos ultraprocesados ganan más espacio en la mesa de las familias latinoamericanas [Internet]. paho.org. 2019 [citado 24 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15530:ultra-processed-foods-gain-ground-among-latin-american-and-caribbean-families&Itemid=1926&lang=es
  4. Red Internacional de Grupos de pro Alimentación Infantil IBFAN. Lactancia Materna en Situaciones de Emergencia [Internet]. ibfan-alc.org. [citado 24 de mayo de 2020]. Disponible en: http://www.ibfan-alc.org/nuestro_trabajo/archivo/emergencias/lactancia_emergencia.htm
  5. Lee K, Smith J. The Role of the Business Sector in Global Health Politics. Oxford University Press; 2018. 385–408 p.
  6. Mialon M, Julia C, Hercberg S. The policy dystopia model adapted to the food industry: the example of the Nutri-Score saga in France. World Nutr. 2018;9(2):109–20.
  7. Kearns C, Glantz S, Schimidt L. Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research: A Historical Analysis of Internal Industry Documents. JAMA Intern Med. 2016;176(11):1680–5.
  8. Lesser LI, Ebbeling CB, Goozner M, Wypij D, Ludwig DS. Relationship between funding source and conclusion among nutrition-related scientific articles. PLoS Med [Internet]. enero de 2007 [citado 30 de junio de 2020];4(1):0041–6. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17214504/
  9. Giraldo J. Dos tópicos eticopolíticos y otros afectos. Comisión Institucional de Ética, Universidad de Antioquia; 2015.
  10. Rodwin MA. Attempts to redefine conflicts of interest. Account Res [Internet]. 17 de febrero de 2018 [citado 30 de junio de 2020];25(2):67–78. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29172685/

¿Los menús escolares en España siguen las recomendaciones para una alimentación saludable?

Varios estudios publicados en 2020 y 2019 en Gaceta Sanitaria han abordado diversos aspectos de la situación de los menús escolares en España. La cuestión de fondo es si estos menús se adecuan o no a las recomendaciones de las guías alimentarias, que tratan de promover una alimentación saludable.

Entender qué es realmente una alimentación saludable es difícil debido principalmente a la variabilidad e inconsistencia de las recomendaciones proporcionadas en algunas de las guías alimentarias españolas (1) En concreto, en algunas de ellas no se especifican qué alimentos se deben fomentar o evitar. Además, se proporcionan diferentes recomendaciones sobre las frecuencias y cantidades recomendadas de grupos de alimentos y/o alimentos (1).

Aunque en un estudio se encontró variabilidad y deficiencias relacionadas con el rigor metodológico de las guías alimentarias a nivel europeo (2), se observó una alta consistencia en las recomendaciones, principalmente en el consumo abundante de frutas y verduras (incluyen hortalizas) y el de legumbres, cereales integrales y proteínas de origen animal. También son consistentes las recomendaciones de reducir el consumo de alimentos procesados (para evitar, por ejemplo, el exceso de azúcar) y de evitar la grasa en general (por ahora, sin tener en cuenta la calidad) y la sal. Las recomendaciones sobre lácteos, carne y frutos secos son menos consistentes (3).

Aparte de formular políticas nacionales, el objetivo principal de una guía alimentaria es educar a la población y fomentar una alimentación saludable para prevenir, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad (4). En esta línea, las administraciones públicas tienen la responsabilidad de promover entornos que fomenten una alimentación saludable, especialmente en poblaciones vulnerables como la población infantil (4).

De hecho, como se indica en el estudio de Soares et al. (5), España es uno de los países de Europa con mayores índices de sobrepeso (23,2%) y obesidad (18,1%) en la población infantil. Esto se asoció a un aumento del riesgo de enfermedades crónicas, mortalidad prematura y discapacidad en la vida adulta. Por ello, se elaboraron programas para reducir la obesidad infantil mediante la promoción de hábitos de alimentación saludables. Esto es debido principalmente a que el patrón alimentario actual de la población infantil se caracteriza, cada vez más, por un consumo alto de alimentos industrializados y bajo de frutas y verduras (5). Por ejemplo, el consumo medio de frutas y verduras es de 1,2 raciones al día (muy por debajo de las cinco raciones recomendadas) (6).

Programas para comedores escolares
Algunos de los programas están dirigidos a los comedores escolares –considerados como uno de los ámbitos importantes para el desarrollo de políticas para la prevención de la obesidad– para así fomentar cambios en los patrones de consumo alimentario de la población infantil (7). De hecho, en España, existe un documento con recomendaciones consensuadas para fomentar una alimentación saludable escolar. Se trata del “documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos”, elaborado en 2008 por el Ministerio de Educación junto con las Consejerías de Sanidad y Educación de las Comunidades Autónomas, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), en el marco de la estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) (8). En este documento se recogen recomendaciones nutricionales consensuadas para las comidas escolares –además de la frecuencia y cantidad de las raciones de consumo de los grupos de alimentos, se facilita la ingesta y la proporción de energía para cada grupo de edad escolar y sexo– procedentes de diversas organizaciones internacionales, como por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (8).

En esta línea, las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma deben velar por que la oferta alimentaria en los menús escolares se adecúe a estas recomendaciones. En un estudio reciente de Soares et al. (9), se observó que, en la mayoría de los 28 centros de educación infantil y primaria de Andalucía y Canarias, los menús escolares mensuales presentaron una oferta superior a la recomendación para verduras y hortalizas (predominaron las cocidas), otras guarniciones (principalmente verduras o patata) y otros postres (leche y derivados o productos azucarados); inferior para la oferta de cereales (arroz, pasta), elaborados y ensaladas, y ajustada para la de legumbres, carnes (si bien con una oferta elevada en carnes procesadas), pescados y huevos. En cuanto a las frutas, la mitad de los centros presentaron una oferta inferior y la otra ajustada.

Según los autores de este artículo, los resultados parecen coincidir con los de otros estudios similares (9). En general, estos parecen indicar que la oferta alimentaria en estos centros no se adecúa a la recomendada en términos de una alimentación saludable para la población infantil. Además, se observó que la forma de gestión de los comedores no repercute en la oferta alimentaria de los menús. Sin embargo, se identificaron diferencias entre las comunidades autónomas evaluadas, lo cual sugiere la existencia de posibles desigualdades, principalmente en la accesibilidad a una alimentación saludable por parte de la población escolar (9).

En nuestro entorno, como sugieren los autores de este artículo, cabe destacar que existe una diversidad de guías alimentarias dirigidas a los comedores escolares (9). Asímismo, en otro artículo, Soares y Davó-Blanes sugieren que las futuras guías deberían considerar criterios de sostenibilidad para tratar de fomentar un sistema alimentario más sostenible y saludable (10). Además, se debería evaluar la calidad metodológica de estas guías (o la guía de referencia) para evaluar si se deberíann mejorar algunos aspectos. De hecho, en un estudio de 2018 se observó que la calidad de las guías alimentarias y/o nutricionales a nivel internacional es muy variable, y las puntuaciones obtenidas en el dominio de aplicabilidad, entre otros, son mejorables (11).

Por tanto, todo parece indicar que se deberían revisar y actualizar la mayoría de las guías alimentarias. No obstante, por ahora, el documento elaborado por la AESAN puede ser útil para evaluar si los menús escolares en España se adecuan a las recomendaciones de una alimentación saludable.

Autora

 

Montserrat Rabasa Doctora en alimentación y nutrición, dietista-nutricionista, tecnóloga de los alimentos y máster en desarrollo e innovación de los alimentos. Investigadora posdoctoral Sara Borrell del Centro Cochrane Iberoamérica, IIB Sant Pau de Barcelona.

 

Referencias

  1. López-Briones C, Zurriaga O, Bernabeu-Mestre J, Barona C. Comparative analysis of dietary guidelines for Spain. Public Health Panorama. 2017;3(4):799-818.
  2. Blake P, Durão S, Naude CE, Bero L. An analysis of methods used to synthesize evidence and grade recommendations in food-based dietary guidelines. Nutr Rev. 2018;76(4):290-300.
  3. Herforth A, Arimond M, Álvarez-Sánchez C, Coates J, Christianson K, Muehlhoff E. A Global Review of Food-Based Dietary Guidelines. Adv Nutr. 2019;10(4):590-605.
  4. Food and Agriculture Organization (FAO). Food-based dietary guidelines [Internet]. 2020. [Cited 2020 Feb 25]. Available from: http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/home/en/
  5. Soares P, Martínez-Milán MA, Comino I, Caballero P, Davó-Blanes MC. [Assessment of the consensus document on food in educational centres to evaluate school menus]. Gac Sanit. 2019. pii: S0213-9111(19)30218-3. doi: 10.1016/j.gaceta.2019.08.008.
  6. Royo-Bordonada MÁ, Rodríguez-Artalejo F, Bes-Rastrollo M, Fernández-Escobar C, González CA, Rivas F, Martínez-González MÁ, Quiles J, Bueno-Cavanillas A, Navarrete-Muñoz EM, Navarro C, López-García E, Romaguera D, Morales Suárez-Varela M, Vioque J; en nombre del Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología. [Food policies to prevent obesity and the main non-transmissible diseases in Spain: where there’s a will there’s a way]. Gac Sanit. 2019;33(6):584-592.
  7. Monroy-Parada DX, Prieto-Castillo L, Ordaz-Castillo E, Bosqued MJ, Rodríguez-Artalejo F, Royo-Bordonada MÁ. [Map of school nutritional policies in Spain]. Gac Sanit. 2020. pii: S0213-9111(19)30266-3. doi: 10.1016/j.gaceta.2019.10.005.
  8. AESAN. Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos. 2008. [Cited 2020 Feb 25]. Available from: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/documento_consenso.pdf
  9. Soares P, Martínez-Milán MA, Comino I, Caballero P, Davó-Blanes MC. [Assessment of the consensus document on food in educational centres to evaluate school menus]. Gac Sanit. 2019. pii: S0213-9111(19)30218-3. doi: 10.1016/j.gaceta.2019.08.008.
  10. Soares P, Davó-Blanes MC. [School meals in Spain: an opportunity to promote more sustainable and healthy food systems]. Gac Sanit. 2019;33(3):213-215.
  11. Rabassa M, Garcia-Ribera Ruiz S, Solà I, Pardo-Hernandez H, Alonso-Coello P, Martínez García L. Nutrition guidelines vary widely in methodological quality: an overview of reviews. J Clin Epidemiol. 2018;104:62-72.

La promoción de lactancia materna mayor a 6 meses como estrategia para reducir la obesidad en los niños

Según estimaciones de la OMS, en 2016 se superó los 41 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad 1. Al respecto, en Latinoamérica, según la FAO (Food and Agriculture Organization), en los últimos 7 años los porcentajes de sobrepeso en menores de 5 años en Bolivia, Colombia y Perú fueron del 8,7%, el 4,8% y el 7,2%, respectivamente2. Este incremento progresivo del sobrepeso y obesidad a nivel mundial podría ser enfrentado con distintas estrategias, entre las cuales una aliada clave podría ser la lactancia materna.

Diversos estudios han mostrado que la lactancia materna se asocia hasta con un 26% (IC95%: 22-30) de menor probabilidad de obesidad, efecto protector que se mantiene incluso luego de los 20 años3. Esta evidencia puede ser valiosa para estrategias de salud pública de promoción de lactancia materna; no obstante, es importante analizar estos beneficios en países en desarrollo de Latinoamérica, en los cuales se incrementan progresivamente las prevalencias de obesidad, y al mismo tiempo se evidencian niveles notables de pobreza y desnutrición4.

En este contexto, nuestro estudio, utilizando encuestas nacionales a nivel de tres países, logró identificar que la lactancia mayor a seis meses reduce la probabilidad de obesidad en 70%, 50% y 30% en Bolivia, Perú y Colombia, respectivamente5 (Figura 1). Cabe señalar que la asociación entre estas dos variables redujo su fuerza de asociación al ajustar principalmente por las variables de la madre.

Figura 1Odds ratios entre la lactancia materna y la obesidad de niños/as de 2 a 5 años, ajustados por variables del/de la niño/a, de la madre, del hogar y del entorno. El grupo de referencia en todos los modelos es la categoría lactancia materna < 6 meses en cada país. Modelo A: modelo crudo, incluye como variable de resultado dos categorías (obesidad y peso normal) y como variable exposición la lactancia materna en dos categorías (≥ 6 meses y < 6 meses). Modelo B: modelo A ajustado por los factores del/de la niño/a (edad en meses y sexo). Modelo C: modelo A ajustado por los factores de la madre (edad en años, nivel de educación, IMC categorizado y estado civil). Modelo D: modelo A ajustado por el nivel socioeconómico (índice de riqueza). Modelo E: modelo A ajustado por los factores del entorno (lugar de residencia, urbano vs. rural). Modelo F: modelo completo, ajustado por todas las variables antes mencionadas y que fueron incluidas en los modelos A, B, C, D y E. Elaboración propia.

En nuestro análisis el estatus nutricional de la madre disminuyó notablemente los beneficios de la lactancia materna; en ese sentido, la literatura evidencia que la generación de leche (lactogénesis) ocurre tardíamente y se presenta una menor frecuencia y duración de la lactancia en madres con obesidad, en comparación a las madres de peso normal. Cabe señalar que nuestro estudio, en ausencia de la información, no controló el peso de la madre antes y durante el embarazo. Por ello, con las limitaciones correspondientes, el estado nutricional de la madre termina siendo un proxy de estas variables y podría ser parte de la explicación de por qué esta variable atenuó la relación entre la lactancia materna y la obesidad en los niños de 3 a 5 años.

A nivel de Latinoamérica, en aproximadamente 20 años, la lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses se incrementó hasta alcanzar el 68,3% en Perú, y cifras cercanas al 50% en países como Bolivia y Colombia. Al mismo tiempo, estos incrementos se complementan con el incremento también de los porcentajes de consumo de leche en polvo dentro de los dos primeros meses, los cuales, para los años de estudio, fueron mayores en Colombia (26,3%).

Figura 2. Porcentaje de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses y consumo de leche en polvo antes de los dos meses en Bolivia, Colombia y Perú. Elaboración Propia. Fuente: Indicadores de salud de la OMS e informes de las Demographic and Health Survey de las bases de datos utilizados para el estudio5.

La evidencia disponible ha evidenciado que las madres que son incentivadas a usar leche en polvo tienen alrededor de 50% menos probabilidad de dar lactancia materna exclusiva, disminuyendo los beneficios que provee la leche materna a la salud infantil6. Cabe señalar que nuestro estudio evidenció menor efecto protector de la lactancia mayor a 6 meses en Colombia, en comparación de Bolivia y Perú. No obstante, el consumo de leche en polvo podría ser uno de los principales factores para explicar las diferencias en los patrones de protección de la lactancia hallados. Éste es un sustento que requiere estudios adicionales que confirmen esta posible explicación.

Finalmente, estudios longitudinales han evidenciado beneficios de lactancia materna, incluso en periodos más cortos, pero quizás la información más relevante para los tomadores de decisión en políticas públicas es que la lactancia materna también podría contribuir a reducir otras enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2 en edad adulta3. Considerando que nos encontramos en una situación de alerta sanitaria mundial por el incremento de la obesidad y sus consecuencia en el incremento de diversas enfermedades crónicas no transmisibles y mortalidad, incluso en países como los de Latinoamérica que cuentan con débiles sistemas de salud, este hallazgo puede contribuir a las estrategias de prevención de alto impacto desde la infancia para fortalecer la promoción de lactancia materna y contribuir, entre otros aspectos, a disminuir las tasas de obesidad y sus consecuencia.

Referencias

1 WHO. Childhood overweight and obesity. 2018. 

2 FAO. Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y El Caribe. 2017. 

3Horta BL, Loret de Mola C, Victora CG. Long-term consequences of breastfeedingon cholesterol, obesity, systolic blood pressure and type 2 diabetes: a systematicreview and meta-analysis. Acta Paediatr. 2015;104:30–7.34.

4 Loret de Mola C, Quispe R, Valle GA, et al. Nutritional transition in children under five years and women of reproductive age: a 15-years trend analysis in Peru. PLoS One. 2014;9:e92550.

5Paca-Palao A, Huayanay-Espinoza CA, Parra DC et al. Asociación entre lactancia materna y probabilidad de obesidad en la infancia en tres países latinoamericanos. Gaceta Sanitaria, 2019.

6 Sadacharan R, Grossman X, Matlak S, et al. Hospital discharge bags and breastfeeding at 6 months: data from the infant feeding practices study II.  2014;30:73-9.

Carlos Andrés Huayanay-Espinoza

Docente, investigador y gestor público

Carlos está afiliado al Centro de Investigación de Salud Materna e Infantil MAMAWAWA, y al Centro de Investigación para el Desarrollo Integral y Sostenible (CIDIS) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Lima, Perú, y colabora también con CRONICAS Centro de Excelencia de Enfermedades Crónicas, de la misma universidad. El estudio presentado fue llevado a cabo como parte de la tesis de la Maestría en Ciencias en Investigación Epidemiológica en UPCH, y los maestrandos fueron Ada Paca-Palao y Carlos Andrés Huayanay-Espinoza.

Los autores del estudio fueron: Ada Paca-Palao, Carlos A. Huayanay-Espinoza, Diana C. Parra, Gustavo Velasquez-Melendez y Jaime Miranda

Alimentación saludable y sostenible, en casa y en el colegio

Hemos leído con interés el artículo recientemente publicado sobre comedores y el video de difusión asociado, en el cual se ponen de manifiesto muchas de las cuestiones que estamos analizando desde el movimiento de AMPA. Las familias estamos viendo con preocupación cómo las administraciones competentes, salvo raras excepciones, son incapaces de garantizar la prestación de un servicio de comedor que prime la calidad frente a intereses económicos.

Queremos que los diferentes modelos de gestión de comedores escolares respondan a la preocupación de las familias por la salud de nuestra infancia, motivada, entre otras causas, por la epidemia de cáncer y su relación con la alimentación, como explica el científico Nicolás Olea en este vídeo: http://www.osman.es/factores-ambientales-y-cancer-nicolas-olea/

Además, nos resultan alarmantes los índices de obesidad infantil en España, con más de un 40% de menores con problemas de sobrepeso y obesidad (23,2 % sobrepeso y 18,1 % obesidad según datos del Estudio ALADINO, 2015).

Otro elemento importante que nos afecta en la gestión de los comedores escolares es la desigualdad en el acceso a alimentos sanos y sostenibles, como pone de manifiesto la OMS, y su efecto en la función social de los comedores en la alimentación de familias con escasos recursos. El alumnado más afectado por una alimentación deficiente, es aquél que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y pobreza. Además, tanto las familias como quienes gestionan comedores escolares, nos enfrentamos a problemas de asequibilidad, accesibilidad y disponibilidad de alimentos saludables.

Las familias no debemos olvidar la importancia que la alimentación tiene en la conservación y la mejora del medio ambiente. El consumo de productos frescos, de temporada y proximidad, la introducción paulatina de productos ecológicos en los menús, la disminución del número de envases plásticos y una adecuada gestión de sobras y residuos, contribuyen a la conservación de nuestro entorno. Coincidiendo con las autoras Panmela Soares y Mari Carmen Davó-Blanes, los comedores escolares constituyen una excelente plataforma para la promoción de dietas y hábitos de consumo sostenibles.

Pero como usuarias de comedores escolares no tenemos la posibilidad de decidir, salvo contadas excepciones, sobre la variedad, la calidad ni la forma de preparación de los alimentos que toman nuestras hijas y nuestros hijos en los comedores escolares.  Reclamamos nuestro papel de interlocutoras para conseguir normas que garanticen menús escolares que ofrezcan una dieta saludable y variada, elaborada con productos frescos, de cercanía y de temporada, que al mismo tiempo respeten unos estándares de sostenibilidad socio-ambiental, bajo supervisión de nutricionistas.

Sin embargo, el modelo mayoritario es la «línea fría», que supone la preparación de alimentos a gran escala en cocinas centralizadas, y su distribución a colegios de diferentes territorios, pudiendo transcurrir varios días con los alimentos almacenados y refrigerados en camiones o cámaras frigoríficas. Una vez en el comedor, los alimentos se calientan en hornos, y hemos visto que se suele hacer en las propias barquetas de plástico en las que han sido transportados. Destacamos las consecuencias negativas de esta forma de producción en la economía local, el empleo y el medioambiente, por la producción a gran escala de alimentos con uso de pesticidas, fertilizantes, etc.), el transporte (emisiones de CO2) y el almacenamiento (uso de plásticos, conservantes…).

El almacenamiento y posterior calentamiento de los alimentos en barquetas plásticas puede ser muy perjudicial a largo plazo para la salud por el uso en los envases de compuestos tóxicos persistentes que alteran la función hormonal del cuerpo humano (disruptores endocrinos como bisfenol A y ftalatos), como alerta la OMS.

Por tanto desde el movimiento de AMPA proponemos la vuelta a la cocina en la escuela o, en su entorno, con un impacto directo positivo en la economía de la localidad (empleo, comercio, etc.), con menús elaborados con la idiosincrasia cultural de cada comunidad, cocinados en el día, sin costes extraordinarios de logística ni de transporte y, por lo tanto, evidentemente más sostenibles.

Exigimos que, como marca la normativa estatal, el servicio de comedor recupere la función pedagógica y forme parte del Proyecto Educativo del Centro, y que la alimentación saludable y sostenible forme parte del contenido curricular. Reclamamos comedores que sirvan como plataforma de transmisión y aprendizaje de hábitos de alimentación relacionados  con  la  promoción de la cultura alimentaria autóctona de cada territorio, la producción  local  y  de  temporada  (Dieta  Mediterránea  o Atlántica). También es fundamental que sea un espacio de transmisión de hábitos que faciliten la convivencia (dialogar, compartir, colaborar…), la higiene personal y la ingesta adecuada de alimentos en un horario adecuado a cada edad y con tiempo suficiente para hacerlo sin prisas ni ruidos excesivos. Estas pautas únicamente se pueden transmitir en el ámbito del comedor escolar por medio de un personal con formación y preparación adecuada.

Desde la Comisión de comedores de la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado), que representa a más de 12.000 AMPA de la Escuela Pública, elaboramos y difundimos información para sensibilizar a las familias sobre la importancia de la alimentación saludable y sostenible.

También impulsamos el trabajo en red con organizaciones de todo el estado y de diferentes ámbitos que intervienen en la alimentación. Con la Alianza por una Alimentación Saludable, CEAPA lanzó la “Campaña por la regulación de la publicidad alimentaria dirigida a la infancia” (https://defiendeme.org), y con Justicia Alimentaria, la campaña “Alimentar es educar”. Las AMPA hemos sido además las impulsoras de la Plataforma Comedores responsables.

 

Olga Leralta Piñán, es experta en Promoción de salud en contextos sanitarios, educativos y sociales, miembro de la Comisión de comedores de la CEAPA y de su junta directiva.

¿Puede el sistema alimentario ser saludable, sustentable y equitativo?

Martha Alicia Cadavid Castro
Nutricionista- Dietista – M.Sc Alimentación y Nutrición Humana
Profesora Escuela de Nutrición y Dietética
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia

 

Un sistema alimentario es la suma de los diversos elementos, actividades y actores que, mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos ([1]). La mayoría de las personas deben tomar decisiones sobre cómo alimentarse al interior de sistemas convencionales, globales, industriales y degradadores del medio ambiente, que afectan su salud y nutrición.

Este tipo de sistemas alimentarios tienen una estrecha sincronía con las economías capitalistas y por tanto reflejan sus características negativas, las cuales Boaventura de Sousa Santos resume en las siguientes: producen sistemáticamente desigualdades de recursos y poder; las relaciones de competencia promueven formas de sociabilidad empobrecidas basadas en el beneficio personal y no en la solidaridad; la explotación creciente de los recursos naturales pone en peligro las condiciones físicas de vida en la tierra ([2]).

En consecuencia, el sistema alimentario reproduce estas características y es influenciado por capitales y poder con énfasis en la producción y distribución de alimentos.  El resultado es un modelo agroindustrial que excluye la economía campesina, promueve una agricultura intensiva e insostenible, limita la diversidad de alimentos disponibles para el consumidor – especialmente los frescos y producidos de forma local y favorece el ultra-procesamiento -, además, imposibilita establecer relaciones diferentes a las comerciales y la desconexión dificulta, entre otros, el reconocimiento del origen de los alimentos ([3]).

En los aspectos relativos a la sustentabilidad ambiental cada vez existe mayor consenso sobre el importante y significativo vínculo de las dietas humanas y la afectación a diferentes ecosistemas, ejemplo de ello es la reciente propuesta de la Comisión EAT Lancet denominada dieta planetaria, consistente en proveer dietas saludables provenientes de sistemas alimentarios sostenibles. La implementación de esta propuesta precisa importantes transformaciones que requieren del compromiso internacional y nacional para reorientar las prioridades de la agricultura[*], disminuir las pérdidas y los desperdicios de alimentos y lograr una gobernanza fuerte y coordinada de la tierra y los océanos ([4]).

Es evidente que resolver los graves problemas ambientales, sociales y de salud que genera las formas convencionales de operación del sistema alimentario, debe ser la prioridad de las políticas públicas, las cuales pueden hallar nuevos marcos de acción en iniciativas que han sido promovidas como alternativas y se comprometen al tiempo con las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la producción, distribución y consumo de alimentos ([5]); redistribuyen valor en la dirección opuesta al sistema de acumulación de productos (commodities), reinstalan la confianza entre el productor y el consumidor, y articulan nuevas formas de asociación política y gobernanza del mercado ([6]).

Como todas las propuestas alternativas buscan anteponerse al modelo económico y social hegemónico, por tanto, son emancipadoras, están basadas en la igualdad, la solidaridad y la protección del medio ambiente.  Sin embargo, por su carácter antisistémico, estas propuestas y experiencias son frágiles e incipientes (2), pero dado su potencial transformador, hoy se vislumbran como solución ante la problemática alimentaria y nutricional, pues son una vía para lograr la “desafección alimentaria que debe darse ante las crisis tanto en contextos de abundancia como de escasez” ([7]).

De hecho, estudios recientes evidencian cambios en las conductas de protección del medio ambiente y cuidado de la salud de las personas involucradas en actividades como la agricultura comunitaria ([8]), lo que permite vislumbrar que la implementación de nuevas formas de suministro alimentario puede contribuir a establecer relaciones respetuosas con los sistemas ambientales y sociales, así como mejorar el estado de salud y nutrición de las poblaciones.

Un importante reto es escalar las iniciativas alternativas y lograr que los principios que éstas promueven permeen todo el sistema alimentario, con el objetivo de brindarle a las poblaciones la oportunidad de interactuar con sistemas saludables, sustentables y equitativos.  En esta transformación es importante ([9]):

  1. Favorecer relaciones de proximidad, transparentes y veraces entre todos los actores del sistema.
  2. Gestionar democráticamente los eslabones del sistema alimentario.
  3. Proteger el medio ambiente.
  4. Respetar la diversidad biocultural.
  5. Promover y facilitar el consumo ético, solidario, sustentable y saludable.
  6. Dignificar las diferentes formas de trabajo presentes en el sistema.
  7. Promover el flujo local y equitativo de recursos.
  8. Coordinar horizontalmente la resolución de problemas de interés común entre actores públicos, privados y comunitarios.
  9. Garantizar acceso y apropiación de conocimiento y tecnología.

¿Cómo avanzar en la implementación de estas características? Es una pregunta que orienta la reflexión y trabajo de sectores sociales, políticos y académicos comprometidos en la búsqueda de vías de acción para garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional, pues es momento de confluir como sociedad en el establecimiento de nuevas formas de gobernar e interactuar con los sistemas alimentarios.

En el video que le invito a consultar a continuación podrá encontrar algunas ideas generadas por investigadoras, dirigentes, líderes sociales y académicos colombianos, que describen las potencialidades y retos que tienen los diferentes modelos en que se expresa el sistema alimentario, muy especialmente en el eslabón de la distribución -categorizado en el modelo moderno, tradicional y alternativo- para contribuir a la salud poblacional, la sustentabilidad y la equidad.

Cadavid Castro MA, Álvarez Castaño LS, Del Castillo Matamoros S, Monsalve Álvarez J, Vélez Acosta LM, Giraldo Ramírez DP.   Propuesta para un sistema alimentario sustentable, saludable y equitativo. Medellín: Universidad de Antioquia Televisión; 2018.  Disponible en: https://youtu.be/g8gcv9gAVfM

[*] Como ejemplo de iniciativa relacionada con alternativas para los sistemas de producción, cabe destacar el proyecto de investigación europeo Diverfarming,  que entre otros objetivos pretende desarrollar y probar diversos sistemas de cultivo más sostenibles

Bibliografía

[1] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO. Reflexiones sobre el sistema alimentario y perspectivas para alcanzar su sostenibilidad en América Latina y el Caribe. 2017. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i7053s.pdf

[2] Sousa Santos B De. Producir para vivir. Los caminos de la producción no capitalista. México: Fondo de Cultura Económica; 2002.

[3] Cadavid-Castro MA. Redes alternativas de distribución de alimentos. In: Mesa temática sistemas alimentarios sustentables y equitativos en América Latina: debates, tendencias e impacto de políticas XVIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. Guadalajara, México; 2018.

[4] Willett W, Rockström J, Loken B, Springmann M, Lang T, Vermeulen S, et al. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet. 2019. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4

[5] Jarosz L. The city in the country: Growing alternative food networks in Metropolitan areas. J Rural Stud. 2008;24(3):231–44. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2007.10.002

[6] Follett JR. Choosing a food future: Differentiating among alternative food options. J Agric Environ Ethics. 2009;22(1):31–51. https://doi.org/10.1007/s10806-008-9125-6

[7] Soler M, Calle A. Rearticulando desde la alimentación: canales cortos de comercialización en Andalucía. Cuad del IAPH Inst Andaluz Patrim Histótico. 2010;(27). http://institucional.us.es/compromiso/libreconf/docs/canales.pdf

[8] Nova P, Pinto E, Chaves B, Silva M. Urban organic community gardening to promote environmental sustainability practices and increase fruit, vegetables and organic food consumption. Gac Sanit. 2018; https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.09.001

[9] Cadavid-Castro MA, Álvarez-Castaño LS, Del Castillo-Matamoros SE, Monsalve-Álvarez JM, Vélez-Acosta LM, Ramírez-Giraldo DP. Características de Estructuras Alternativas de Distribución de Alimentos en Colombia y su Potencial para la Construcción de Políticas Públicas de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 2018

Los determinantes comerciales y corporativos de la salud y los conflictos de interés en la investigación

El aumento de las enfermedades no transmisibles es una manifestación de un sistema económico global que actualmente prioriza la creación de riqueza sobre la preservación de salud. Muchos problemas y soluciones clave para este problema, se encuentran fuera del sector sanitario, especialmente en las prácticas corporativas, los acuerdos comerciales y la legislación.  Hay grandes retos con respecto a los incentivos desalineados, las externalidades no corregidas y la disonancia cognitiva generalizada (1).

La industria ha venido mostrando interés en financiar investigación en temas de salud, sin embargo, este interés no se limita solo al avance científico, sino también a razones comerciales, lo que a veces puede conllevar a conflictos de interés por su posible influencia en los temas a investigar, las políticas de salud pública o, incluso, los resultados y las conclusiones de estudios científicos, como ha quedado demostrado (2,3).

Un artículo publicado recientemente en Gaceta Sanitaria, titulado “La financiación de la industria alimentaria y la investigación epidemiológica sobre nutrición y salud”(4), discute sobre la conveniencia de establecer mecanismos para evitar que la financiación de la industria influya tanto en la distribución de fondos entre grupos e instituciones, como en el análisis y los resultados de las investigaciones, para garantizar la independencia de los investigadores, así como su ética profesional.

Tal como mencionan las personas autoras del trabajo, no se puede perder de vista el poder de la industria como motor de la economía mundial. En la literatura se han denunciado diversas tácticas de multinacionales de la alimentación para esquivar políticas de salud pública que podrían perjudicarlas económicamente, como establecer alianzas con legisladores y profesionales sanitarios para oponerse a regulaciones o impuestos, o incluso, adoptar mecanismos de puertas giratorias, por los cuales algunos directivos de empresas alimentarias acaban ocupando altos cargos en agencias reguladoras, o viceversa. La mera autorregulación no parece haber sido efectiva en diversos ámbitos de la alimentación (4,5).

En un reciente artículo, Stuckler y Mckee (6) identifican cuatro de las formas en que las corporaciones influyen en la salud: definiendo la narrativa dominante; estableciendo las reglas por las cuales opera la sociedad, especialmente el comercio; controlando la mercantilización y socavando los derechos políticos, sociales y económicos.

Todo esto pone de manifiesto, que las paradojas del siglo XXI exigen una colaboración interdisciplinaria profunda y el concepto de determinantes comerciales y corporativos de la salud proporciona este espacio para unir a la salud pública y las decisiones políticas, y movilizar al sector privado para promover la salud en un mundo cada vez más globalizado y orientado al consumidor.

Autora: Clara Bermúdez-Tamayo es Directora Asociada Gaceta Sanitaria, Investigadora en la Escuela Andaluza de Salud Pública y CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Investigadora asociada de la Quebec Population Health Research Network/Canada. 

Referencias

  1. Kickbusch I, Allen L, Franz C. The commercial determinants of health. Lancet Glob Health. 2016;4(12):e895–e896.
  2. Stuckler D, Ruskin G, McKee M. Complexity and conflicts of interest statements: a case-study of emails exchanged between Coca-Cola and the principal investigators of the International Study of Childhood Obesity, Lifestyle and the Environment (ISCOLE). J Public Health Policy. 2018;39(1): 49–56.
  3. León Mengíbar J, Pastor-Valero M, Hernández Aguado I. Una evaluación crítica de la relación entre la industria alimentaria y la investigación en salud. Gac Sanit. 2017 Jul – Aug;31(4):320-323.
  4. Navarrete-Muñoz EM, Tardón A, Romaguera D, Martínez-González MÁ, Vioque J. La financiación de la industria alimentaria y la investigación epidemiológica sobre nutrición y salud. Gac Sanit. 2018 Mar – Apr;32(2):168-171.
  5. Sharma LL, Teret SP, Brownell KD. The food industry and self-regulation: standards to promote success and to avoid public health failures. Am J Public Health. 2010;100(2):240-6.
  6. McKee M, Stuckler D. Revisiting the Corporate and Commercial Determinants of Health. Am J Public Health. 2018 Sep;108(9):1167-1170.